Violencia en alza

Editorial
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Esta afirmación no la hace el partido opositor, ni los colombianos, ni los contradictores del gobierno nacional, la hace una respeta institución internacional en el mundo. La violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que este 2022 el país volvió a niveles de violencia similares a los previos al proceso de paz, según dijo  Human Rights Watch, HRW.



Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo; su personal está integrado por profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades. Fundada en 1978, Human Rights Watch es reconocida por la investigación precisa de los hechos, la presentación de informes imparciales, el uso efectivo de los medios de comunicación, y la defensa de objetivos, a menudo, en asociación con grupos locales de derechos humanos. 

Cada año, Human Rights Watch publicó más de 100 informes e información periódica sobre las condiciones de derechos humanos en 90 países, generando una amplia cobertura en los medios de comunicación locales e internacionales. Gracias a la influencia que esto genera, Human Rights Watch se reúne con los gobiernos, las Naciones Unidas, grupos regionales como la Unión Africana y la Unión Europea, las instituciones financieras y las corporaciones para presionar por cambios en la política y las acciones que promueven los derechos humanos y la justicia en todo el mundo .

Con todo este palmarés no  hay duda que la afirmación viene de una institución respetable, y por ende, creíble y difícil de controvertir. 

En el capítulo dedicado a Colombia dentro de su informe global, la ONG señala que los defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las Farc, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes.
Las cifras oficiales hablan de 182 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre enero y octubre, que forman parte de los más de mil registrados desde 2016. En ese sentido, se considera deficiente la implementación de medidas para prevenir abusos establecidas conforme al acuerdo de paz.

Los numerosos grupos armados que operan en el país, ligados al narcotráfico y la minería ilegal, siguieron cometiendo abusos contra los civiles, incluyendo asesinatos, reclutamiento infantil y violencia sexual, sobre todo en zonas rurales de la región del Pacífico y en las fronteras con Venezuela y Ecuador, dejando por fuera el rastro de la paz total y de las negociaciones de paz en Caracas, ambos quedan anulados ante semejantes cifras que traen como consecuencia, que unas 96.000 personas en diferentes comunidades se vieron confinadas, con restricciones de movimiento por temor a resultar heridos o por amenazas, este año y otras muchas tuvieron que desplazarse, sobre todo por enfrentamientos entre el Eln y grupos disidentes de las Farc.
Todos estos enfrentamientos, entre subversivos que están sentados a la mesa y los que la rechazaron, como el Eln,  han cifrado en 70.000 los desplazados entre enero y octubre como parte de desplazamientos masivos; es decir, 50 o más personas o 10 o más familias, lamentablemente  reciben una asistencia limitada.

A ello se suma que Colombia es el mayor receptor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de Venezuela, unos 2,5 millones, y las autoridades de ciertos departamentos, como Arauca y Vichada, no dan abasto a nivel humanitario. Por otra parte, las fuerzas públicas también cometieron abusos que dejaron muertos, tanto en operaciones del Ejército como en actuaciones policiales para reprimir protestas generalmente pacíficas, y las investigaciones penales avanzan con lentitud o son limitadas.

El proceso de paz incluye varios temas y entre ellos, el medio ambiente, tema casi prioritario en donde el compromiso debe ser tanto o más serio que la misma paz. En medio de los compromisos climáticos del gobierno Petro, las estadísticas muestran que la deforestación no se ha frenado, con un aumento del 10 % en el primer trimestre de 2022, y dos terceras partes fueron en la región de la Amazonía, en muchos casos en zonas de población indígena.

Precisamente son los productores ganaderos y grupos disidentes de las Farc quienes impulsan la deforestación y presionan a los residentes a talar, extorsionan a campesinos, promueven el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína y amenazan a los conservacionistas, todo ello que a la postre se convierte en su sustento económico para sembrar terror en los colombianos.