La última remodelación del Gobierno argentino, con tres nuevas ministras con las que Alberto Fernández quiere reforzar "la eficiencia en la gestión", se da en un momento político clave, con la imagen del mandatario cada vez más debilitada por la crisis económica y las tensiones en el oficialismo y con los comicios de 2023 en el horizonte.
Tras días de rumores de renuncia de los ministros de Desarrollo Social; de Trabajo; y de Mujeres, Géneros y Diversidad -cuya titular hizo pública su dimisión el viernes pasado-, el Ejecutivo anunció que serían reemplazados por tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia.
Con experiencia política pero, en general, desconocidas para el gran público, para todas ellas es su primera vez al frente de una cartera nacional. Los reemplazos de ministros han caído en una dinámica donde se buscan dos personas: los que no tienen nada para perder, que ya llegan con 80 % de imagen negativa, o si no, los que son absolutamente desconocidos; aquellos políticos que tienen algún prestigio prefieren no quedar vinculados a este Gobierno porque saben que la situación va a terminar mal.
Actualmente, solo 5 de los 21 ministros del primer gabinete de Alberto Fernández, quedan en sus puestos. Muchas de las renuncias o destituciones estuvieron vinculadas a lucha de poder entre el presidente y su principal socia, la vicepresidenta y líder del peronismo kirchnerista, Cristina Fernández, quien en 2020 llegó a decir que había funcionarios que no funcionan. El 'summum' de las tensiones llegó a desencadenar este mismo año una seguidilla de hasta tres ministros de Economía diferentes en un mes.
Los últimos cambios llegan en un difícil contexto que no hace sino engrosar la imagen negativa del mandatario en las encuestas, con la cada vez más alta inflación, la constante devaluación del peso y una pérdida de poder adquisitivo que está elevando la conflictividad sindical y las tasas de pobreza.
La sensación es que el Gabinete muestra, por la falta de peso tanto de prestigio como político y de conexiones, a un presidente que se está encerrando cada vez más en sí mismo, ya que el presidente no consultó los cambios ni a la vicepresidenta ni a aliados como la mayor central sindical del país, de histórico vínculo con el peronismo.
Más allá de que el mandatario consultara o no a Cristina Fernández, en realidad es la vicepresidenta quien elige no meterse en las decisiones pero con la intención de que para que esto represente cada vez más un hundimiento del propio presidente y verse cada vez menos involucrada.
Vale la pena recordar que Argentina celebrará en 2023 unas elecciones presidenciales para las que oficialismo y oposición empiezan a mover sus fichas, aunque el presidente, si bien llegó a deslizar en una entrevista su intención de ir por la reelección, no ha confirmado su candidatura.
Tampoco Cristina Fernández, que en unas semanas sabrá si es condenada por presunta corrupción en sus mandatos presidenciales (2007-2015) y arrastra una alta imagen negativa -aunque también un segmento de la población muy leal-, ha anunciado que se presentará.
En 2019, su alianza con Alberto Fernández -a quien ella eligió como candidato en una estratégica jugada política- le permitió vencer en las urnas al entonces presidente Mauricio Macri, muy desgastado por la recesión iniciada en 2018. Ahora, tras el atentado que sufrió el 1 de septiembre, del que salió ilesa, y cuya repercusión mediática se ha ido diluyendo con el paso de las semanas, está por ver qué papel cumplirá en los próximos comicios.
Mientras, no menor es la división interna en Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, primera en intención de voto según algunas de las más recientes encuestas, donde diversas son las figuras que emergen para una cita electoral que se torna imprevisible.