Las alarmas están prendidas y sonando bastante duro esperando que el Gobierno central adelante acciones urgentes por la desbordada violencia que azota a la región del Bajo Cauca Antioqueño, en donde se han presentado masacres, decapitaciones y asesinatos selectivos.
Uno de los ejes principales del actual gobierno es la paz total y para conseguirla debe comenzar a neutralizar esos actos de violencia, que sigue aterrando a la ciudadanía; sin embargo, las acciones tomadas no han dado resultado por lo que el gobierno del Pacto Histórico, decidió poner en marcha los Diálogos Regionales por la Paz, que con la realización de uno solo, ya sufren el proceso de reprogramación, según lo anunciaron las autoridades correspondientes. Ahora se decidió reprogramar los diálogos regionales porque, según el gobierno, fue desbordado al no tener la logística, al tiempo que anunció que también replanteará la metodología para recibir las propuestas de la población de esta iniciativa que tiene como objetivo la paz total en el país.
Queda en el aire, una duda, ¿cómo es posible que con todo el andamiaje y toda la infraestructura que tiene un gobierno, no ha podido poner en marcha los diálogos, que de pronto servirían para evitar la violencia como la que vive el Bajo Cauca colombiano? Más bien se confirma que es un anuncio más, otra improvisación más del gobierno del Pacto Histórico, en donde cada uno va por su lado dando palos ciegos esperando encontrar un chiripazo que sea un golpe de opinión positivo ante tanta violencia que vive el país.
El pasado 14 de septiembre, el presidente Petro, anunció la puesta en marcha de los diálogos regionales vinculantes, uno de los mecanismos con los que formulará el Plan Nacional de Desarrollo que tiene como objetivo la paz total en el país. Con este mecanismo, el Gobierno busca hacer un recorrido por 50 territorios en el que participarán funcionarios de distintos ministerios y otras entidades del Estado para conocer las necesidades de los ciudadanos.
Mientras se decide la nueva mecánica de una de las directrices que podría llevar a la paz total, es urgente que el Gobierno tome acciones con enfoque de derechos humanos para detener la violencia, ante lo cual también hay que solicitar a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para garantizar la seguridad de las comunidades de la región del Bajo Cauca.
La región del Bajo Cauca la atraviesa el río Cauca, el segundo más importante del país después del Magdalena, y se ha convertido en una zona de violencia debido principalmente a los cultivos de coca y a que es un corredor que el narcotráfico utiliza para sacar la cocaína hasta el caribeño Golfo de Morrosquillo, desde donde sigue su camino hacia Centroamérica. De esta subregión hacen parte los municipios de Nechí, Caucasia, El Bagre, Cáceres, Zaragoza, Tarazá, Segovia, Remedios, Amalfi, Anorí, Briceño, Valdivia e Ituango.
Allí hay fuerte presencia de bandas de narcotraficantes, disidencias de las Farc, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y el Clan del Golfo, que se disputan el control de la zona para sacar provecho del narcotráfico, motor de violencia en Colombia.
En esta región desde agosto pasado, cuando hubo una masacre de tres jóvenes, decapitaciones, asesinatos selectivos y desapariciones, incluso, se conoció el caso de un joven que fue sacado del colegio y posteriormente fue encontrado muerto, la violencia no ha cesado. A lo anterior se suma que en ese mismo mes se han desplazado forzadamente más de 100 personas y existe un alto riesgo de reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
Existe un nuevo ciclo de degradación de la violencia en la región en la que los grupos armados delincuenciales buscan generar pánico en la población y en la actualidad los municipios más afectados son el Bagre y Caucasia, pero el conflicto puede escalar a Tarazá, Cáceres y Nechí, escalando, también, en forma atroz, una violencia que se debe enfrentar con todo el poder del Estado.
