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Editorial
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Mientras los colombianos marcharon pacíficamente por las principales calles de sus ciudades en contra de las políticas de gobierno, el presidente Petro estaba en el acto inaugural del restablecimiento de la relaciones bilaterales con Venezuela, en el puente fronterizo, ‘Simón Bolívar’.

A los colombianos no les importó que el presidente Petro escapara de la realidad y dieron un ejemplo de democracia y civismo al marchar, en forma pacífica, sin terror, sin miedos, sin destruir bienes, sin incendiar Cais, y policías; sin odios, sin bloqueos, sin muertes, y, sobre todo, sin la primera línea, para decirle al gobierno que no están de acuerdo con la Reforma Tributaria, con acabar el sistema de salud, con destruir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y en fin, por todas las atrocidades que en más de un mes ha propuesto el gobierno del Pacto Histórico, al país.

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia para protestar contra las reformas económicas y políticas del presidente, la primera manifestación contra su gobierno desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, que demostró y dejó planteado el reto de gobernar para todos.

En Bogotá, la gente se concentró principalmente en el Parque Nacional y en la Plaza y Monumento de los Caídos. La mayoría iba con banderas de Colombia y vistiendo camisetas blancas; y, lo que llamó más la atención fue la multitudinaria concentración en la Plaza de Bolívar, en donde los manifestantes expresaron su rechazo a los congresistas, a quienes tildaron de ‘vendidos’ y de haberlos estafados.

Esta reacción es el rechazo a la cantidad de partidos que adhirieron  al Pacto Histórico, entre ellos el Partido Conservador y el Partido Liberal, que ahora serán los encargados de aprobar una Reforma Tributaria, en donde salen especialmente lastimados la clase trabajadora y los empresarios que son los que proveen al país de empleos. 

Bogotá tuvo su participación y respondió a las expectativas de la gran marcha nacional que cumplió en su cometido con concentraciones en más de 20 ciudades del país y también en varias ciudades de Estados Unidos, México, Panamá y Suiza y se espera, que el próximo 24 de octubre, cuando se realizará la segunda gran marcha, las expectativas sean rebosadas con la masiva asistencia de los colombianos en las calles.

En cada una de la ciudades en donde hubo el rechazo a las políticas del gobierno del Pacto Histórico, se respetó y se cumplió una de las metas,  que no se quebrara el orden público, se marchara en paz, demostrando a los contradictores políticos, que las marchas no deben ser manipuladas con  infiltrados por vándalos pagados y financiados, que generan violencia y destrucción  a su paso.

La marcha convocada por la ciudadanía, fue una  jornada nacional de protesta, en paz y este gobierno debe respetar el derecho que tienen todos los ciudadanos a la protesta social ya que las expresiones de inconformidad siempre deben ser bienvenidas y escuchadas, eso es democracia.

Los colombianos entiende muy bien que la protesta, inclusiva la del próximo 24,  se debe a que la gente entiende que la reforma tributaria planteada por el Gobierno afectará a los más pobres,  iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo en agosto pasado, buscando recaudar 25 billones de pesos anuales, dinero necesario, según el Gobierno, para reducir la deuda social. Le han dicho al país que esta reforma era para los 4.000 colombianos más ricos, pero parece ser para 48 millones de colombianos.

Entre las reformas propuestas,  no  está gravar la canasta familiar, pero termina gravándose vía plástico y gasolina; así lo que expresó el pueblo colombiano,  es que se han encontrado varias cosas que se han vendido anunciando, pero en la práctica no se están dando. Un ejemplo de ello es la creación del ministerio para la Vicepresidenta Francia Márquez y otros ministerios más, para cumplir con promesas electorales.
Uno de los peligros de los proyectos de reforma laboral que el Gobierno presentará el año entrante, y el código electoral, entre otros, es que  implica la creación de un "mega órgano" que va tener la potestad de cancelar cualquier partido político de manera arbitraria bajo criterios que ellos mismos van a crear.
Mientras las protestas comenzaban y terminaban, Petro estaba en la frontera con Venezuela encabezando los actos de reapertura de los pasos limítrofes que estuvieron cerrados durante siete años, quedando entre el tintero, la situación de los Derechos Humanos, la de orden político, la social y económica, en los pasos fronterizos.


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