De todo un poquito

Editorial
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Las intervenciones de los líderes mundiales ante el plenario del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, recientemente realizada en Nueva York, dejó planteadas varias inquietudes comunes en los pueblos latinoamericanos, como son democracia, narcotráfico, religión, medio ambiente y migración, como principales retos que deben afrontar las naciones.


Más democracia como antídoto contra las múltiples crisis que aquejan a la humanidad, es la receta que se debe poner en práctica en las naciones latinoamericanas, fórmula en la que coincidieron los mandatarios que intervinieron en las pasadas sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los grandes líderes latinoamericanos son conscientes que el pilar de todas las naciones es el respeto por la  democracia, porque logra cohesionarlas para enfrentar problemas que aquejan a las sociedades, incentivando, también,  la participación y el respeto por quienes  piensen distinto.

Los líderes mundial se expresaron y cada uno, a su acomodo y forma de gobierno, se pronunciaron y dieron puntos de vistas diferentes a los que se observa en el entorno internacional, como es el caso de Chile, que después del  abrumador rechazo, 62 %, de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del pasado 4 de septiembre, el gobernante puso otro punto de vista sobre esta expresión popular  y antes de sentirse derrotado, se sintió un vencedor por que el pueblo se expresó, aunque en forma obligatoria, tal cual estaba estipulado en la convocatoria de este referendo.

No solo el tema de la democracia fue el protagonista; también fue el tema histórico de la droga, que tanto daño hace a los pueblos y a sus comunidades y que muchas veces se queda entre el papel y el tintero, mientras las naciones se siguen desangrando. En este sentido hay que cuestionar la unilateralidad de algunos países que incluyen al suyo entre los principales productores y traficantes de drogas ilícitas. La guerra contra las drogas sigue dando de qué hablar sobre todo en su efectividad y contundencia, por lo que es necesario analizar un cambio en las políticas y la lucha contra la producción y el consumo de las drogas.

En el tema del narcotráfico, es imperativo cambiar el enfoque en el abordaje de esta lucha, ya que hacer énfasis en la oferta y no en la demanda sólo ha servido como pretexto para la militarización y el despliegue de la guerra internacional contra las drogas.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien es un firme defensor de los valores conservadores asociados al cristianismo, puso el dedo en la llaga al pronunciarse sobre un tema que no hicieron Chile ni Colombia; proclamó que su país “abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas perseguidos en Nicaragua”. En 2022, la Iglesia católica en el país centroamericano ha sufrido encarcelamientos y detenciones de sacerdotes. Uno de los casos de mayor repercusión internacional ha sido la reciente detención del obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico contra el Gobierno de Daniel Ortega, quien está en prisión desde el pasado 19 de agosto.

El tema quedó sobre la mesa y se visibilizó, ante este otro peligro que corren las naciones, al prohibir la libre expresión religiosa; en Colombia, se tiene experiencias sobre este tema con los casos registrados en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, y el Congreso de la República. 

Otros de los temas que fue protagonista en la ONU, fueron los Derechos Humanos y las poblaciones migrantes. Paraguay, que rompió en enero de 2019 las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, anunció que “estará liderando en el Consejo de Derechos Humanos, junto con otros países, una resolución que permitirá seguir investigando en profundidad la violación de los derechos humanos en Venezuela”. Ante esta situación se debe brindar estabilidad al mundo con una voz común; no se puede correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas.

El Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre participación social e impartición de justicia en temas medioambientales, refleja la conciencia de los pueblos de América Latina con "un instrumento para afirmar" la soberanía "sobre los recursos naturales en la Amazonía", considera el presidente peruano. Aquí se presenta una situación curiosa;  esta defensa contrasta con la decisión del Parlamento peruano, que el presidente Castillo no controla, de archivar una resolución ministerial que pedía garantizar la protección de los defensores ambientales a través del Acuerdo de Escazú.


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