Los invasores en el Magdalena

Editorial
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Las ocupaciones ilegales de tierras, que se han multiplicado con la llegada del nuevo Gobierno, agregan un foco de agitación social a la ya compleja situación de Colombia, con el riesgo que eso supone del surgimiento de un nuevo conflicto.


En el centro de la disputa están comunidades indígenas, negras y campesinas, principalmente de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, Atlántico y Magdalena, que reclaman propiedades de hacendados, finqueros e ingenios azucareros, situación que se repite en otras partes del país con ganaderos, grupos agroindustriales e incluso con terrenos baldíos, como es el caso de nuestro departamento, en donde, según palabras del gobernador, hasta su escritorio no ha llegado ninguna información referente al tema.

En este tema de resonancia nacional son dos situaciones diferentes, una en la que los indígenas ocupan predios en el norte del Cauca y otra la de departamentos en donde claramente los que llegan a predios son campesinos e invasores,  que han invadido solo para crear el caos y el malestar generalizado, situación que se ha propagado en otros departamentos, como el Magdalena y en algunas zonas del Atlántico.

Ante la falta de conocimiento del gobierno regional sobre la difícil situación de orden público en el departamento, el alcalde de Plato, Jaime Peña Peñaranda, ha recurrido a todos los medios posibles para encontrar una salida a esta delicada situación, antes que se vuelva un estallido social.

Peña Peñaranda recurrió a la Gobernación del Magdalena en donde no encontró eco alguno a sus inquietudes ante el desconocimiento de los hechos por parte del Ejecutivo departamental; recurrió al Ejército de Colombia, que en su deber profesional protegió la vida de los propietarios y finqueros que se acercaron a sus predios a constatar la realidad de la situación, lo que les valió un ‘jalón de oreja’ del  gobernador; recurrió a la medios de comunicación que han cumplido con su deber de informar, generando el  pronunciamiento de la ministra de Agricultura y ministro  de Defensa y también recurrió a la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, que en cabeza del ex viceministro de Agricultura,  José Félix Lafaurie, quien en forma inmediata inició las acciones pertinentes, dio las instrucciones para que los ganaderos y finqueros estén atento a la seguridad de sus predios y de paso dijo varias verdades que las autoridades no quieren oír, ni muchos menos ver cuando se las están mostrando, con hechos fehacientes  e irrefutables.

Tiene toda la razón el presidente de Fedegan al proponer que los finqueros magdalenenses no se crucen de brazos en espera que las autoridades actúen, más cuando no ha habido ninguna respuesta, hasta ahora, a un problema que ya tiene más de 15 días y vislumbra a no tener solución. Lo más triste de la situación es que el problema aumenta a diario y la cifra de predios invadidos se estima que ocurre en 18 de los 32 departamentos del país, mientras, aquí, las autoridades regionales, no se han enterado.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha advertido que no tolerará ocupaciones y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, puso, incluso,  un plazo de 48 horas a los invasores para que desalojen los predios invadidos, pero lo cierto es que salvo en la ocupación de un terreno en el departamento del Huila, la Policía se ha abstenido de intervenir.

Las invasiones en los dos últimos meses, que han coincidido con la llegada de Petro al poder, han crecido como bola de nieve y con ellas los niveles de confrontación entre comunidades indígenas, negras, campesinas, finqueros y autoridades de todo índole.

La situación es bastante complicada, el país está al borde de la explosión de un problema social de gran envergadura; cada día es una nueva preocupación porque las pretensiones  son bastante grandes en el tema de invadir las tierras  fértiles y productivas, que generan empleos y desarrollo y por ello es imperativo buscar una salida a esta problemática a través del diálogo al lado de la ley y evitar una guerra civil.

Con este problema al borde de un estallido social,  en que se ha convertido la disputa de tierras, lo mejor que puede hacer el gobierno nacional es que se pongan del lado de la ley, agilice la reforma agraria acorde a las necesidades del pueblo colombiano y diseñe una política de desarrollo basada en la equidad y  justicia así como buscar soluciones para las propiedades legalmente adquiridas que han sufrido daños por las invasiones.