Descaradas, cínicas y hasta perversas fueron las declaraciones del último jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", cuando reconoció el pasado martes en una audiencia pública en Bogotá, la responsabilidad del mando de la desmovilizada guerrilla por el secuestro y asesinato de civiles, militares, y policías, cometidos por durante el conflicto armado.
Los colombianos no creen en ese reconocimiento precisamente dos días después del viraje político que dio Colombia hacia la izquierda, sector político en donde la guerrilla se mueve como pez en el agua; y más aún es de no creer, por que con este accionar después de la elección presidencial se ratifica la impunidad en que quedará los procesos jurídicos que se tramitan en la Justicia Especial para la Paz, JEP. Hicieron el reconocimiento sin muchos remordimientos, ya que en unos meses saldrán inmaculados, sin deudas con la justicia, como viene sucediendo desde que se implantó el proceso de paz de Juan Manuel Santos, y peor aún, sin deudas con las víctimas, que son las que están sufriendo las burlas de estos guerrilleros, que ahora son “una mansa paloma”.
Londoño llegó a expiar sus culpas ante los mortales de la JEP, que le creyeron su teatro, en calidad de último comandante de las desaparecidas Farc-Ep y miembro de esa dirección máxima de las Farc a reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro, la cual fue una práctica tan inhumana, llegando a pedir plata para la recuperación de los cadáveres de personas secuestradas y en muchos casos, en seguir pidiendo plata a los familiares, sabiendo que la persona ya estaba fallecida. Fueron crueles, inhumanos, no tuvieron piedad ni misericordia y ni siquiera la más mínima consideración.
Lo más terrible de la situación, es que solo esperan 20 años de cárcel, si el tribunal que los juzga considera que hay restauración y reparación en realidad. En el tiempo que lleva la JEP “impartiendo” justicia a los guerrilleros, ninguno ha sido condenado y eso, precisamente, es los que temen los colombianos, que se siga en la impunidad y declarando inocentes a los peores criminales en la historia de Colombia.
Junto a Londoño estuvieron Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, todos miembros del último secretariado de las Farc, máximo órgano de esa guerrilla y por tanto responsables de las acciones de ese grupo armado y muy convenientemente añadieron en una declaración leída que acudían para asumir su responsabilidad colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por su organización, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, reconocimiento que hacen dentro del caso 01 abierto en julio de 2018. Muy convenientes.
A la diligencia también concurrieron víctimas de secuestrados que pidieron justicia y no repetición, y acudieron a sabiendas que no habrá reparación y castigo a estos bandidos que con solo hacer su reconocimiento ya fueron absueltos.
En estos abominables crímenes nadie se salvó; las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial, investigaciones ciertas y verídicas, ya que la mayoría de los colombianos, de una u otra forma, sufrieron de este terrible flagelo, que no abandona todavía a la sociedad de este país.
Aterradoras fueron las historias que se conocieron durante la audiencia de “arrepentimiento”, entre ellas, el trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro, con tres patrones en donde cimentaron la política de secuestro de las Farc-EP para financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos.
El antiguo Secretariado de las Farc-EP fue imputado en el caso 01 por dar las órdenes que resultaron en crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes, y por los asesinatos y desapariciones forzadas que resultaron de estos. Igualmente, también fue imputado por responsabilidad del mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros, como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.
La audiencia de reconocimiento de reconocimiento es el paso posterior a la imputación de cargos y el previo a que la JEP acepte su reconocimiento y emita la condena, que dependiendo del grado de verdad y aceptación de culpa que hagan, podrá no implicar la privación de libertad y en todo caso irá enfocada en la reparación a las víctimas.
Solo queda por resolver, ¿qué tanto de verdad han dicho los guerrilleros y que tanto los creen los togados de la JEP?