Una nueva alarma se prende sobre la juventud colombiana y debe ser atajada por los padres de familias, en unión con las instituciones educativas, sector privado y autoridades pertinentes, sobre la denuncia de la Defensoría del Pueblo, que alertó que en el mes de mayo pasaron por el Darién, frontera de Colombia y Panamá, 210 niños sin compañía de adultos, lo que los pone en riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado, abuso sexual y trata de personas.
Estos menores de edad están expuestos a estos crímenes, en una región en donde la violencia impera, el orden social e institucional no existe y la selva se “come” a quien no sepa vivir en ella y no tenga las destrezas y habilidades para enfrentarla.
La histórica región del Darién, también conocida como el Tapón del Darién, abarca la provincia panameña del Darién, las comarcas indígenas de Guna Yala, Emberá-Wounaan, Guna de Madungandí y Guna de Wargandí y los distritos de Chimán y Chepo en la Provincia de Panamá, en la República de Panamá, y el norte del departamento de Chocó, en Colombia y abarca lo que antiguamente se conoció como el territorio del Darién en la antigua República de la Nueva Granada. La región del Darién es un área selvática y pantanosa ubicada en el límite de América Central, Panamá y América del Sur, Colombia, que ha funcionado como una barrera natural a la comunicación por carretera entre ambos subcontinentes.
Por no estar abiertas en la actualidad vías terrestres de transporte que atraviesen la zona, principalmente por ser la parte donde se interrumpe la carretera Panamericana, que conecta la mayor parte de los países del continente americano, precisamente en este lugar de la geografía fronteriza, en el mes de mayo, se constató la salida por Necoclí, hacia el Tapón del Darién, de 169 niños y niñas de 0 a 12 años y de 41 adolescentes entre los 13 y 17 años, alarmando no solo a la Defensoría el Pueblo, sino también a los colombianos en general que se debe pellizcar con respecto a este problema que puede comenzar en los hogares colombianos.
Por el Tapón del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá por la que cada año pasan miles de migrantes, también transitan en una alarmante mayoría, haitianos y cubanos, en su tránsito hacia Norteamérica y también son los principales sitios por los que pasan los menores colombianos.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el perfil migratorio ha cambiado porque mientras en 2021 predominaban los migrantes haitianos, para el 2022 la mayoría son provenientes de Venezuela que viajan con niños y adolescentes, que por falta de mecanismos oficiales hay un subregistro frente a la dinámica de movilidad humana y, en ese sentido, se sabe que persiste el flujo poblacional de personas haitianas, angoleños, senegaleses y de otras nacionalidades, pero tampoco se ha podido corroborar la cantidad exacta.
Una de las situaciones más lamentables y que se ha detectado, lastimosamente, es la mayor presencia de familias que viajan con niños y adolescentes; igualmente, como tienen menor capacidad económica; los migrantes se ven obligados a permanecer en lugares públicos o incluso en la calle, expuestos a toda clase de peligros y de abusos. Los migrantes deben permanecer más tiempo en Colombia, realizando actividades económicas informales que les permita reunir los recursos para seguir el recorrido y mientras esto sucede, se presenta toda clase de injusticias y situaciones ilegales, quedando también expuestos y desnudos en un realidad que afecta a la persona.
En el contexto de esta forma de migración hay un protagonista presente en casi la mayoría de los casos, los menores de edad que están mucho más expuestos para ser instrumentalizados por parte de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminarles, que buscan aprovecharse de esta situación y cometen reclutamiento, violencia sexual, explotación sexual, violencias basadas en género y trata de personas, todo un coctel de violencia, que viven estos infantes y jóvenes colombianos.
Una preocupación constante es que no existen mecanismos claros para la verificación de parentesco, falta de sistemas de información pública con enfoque en niñez y debilidad en el registro en la entrada por la frontera entre Colombia y Ecuador, lo que aumenta las vulnerabilidades de los niños y por ende facilita el paso ilegales de estas personas, a otros países, sin ninguna clase de recursos.
La responsabilidad es de todos; desde el Estado, pasando por un orden social y educacional, hasta llegar a las instituciones nacionales que deben fortalecer su presencia en las zonas fronterizas entre Colombia con Ecuador y Panamá, especialmente en los municipios de la región del Urabá antioqueño y chocoano, para ejercer el control e impulsar estrategias que tiendan a la prevención y mitigación de las situaciones que afectan a la niñez.
