Es un triunfo a la legalidad la recién sancionada Ley de Seguridad Ciudadana, legislación presentada tras las protestas de 2021 y los actos de vandalismo presentados, y que ahora, con esta nueva disposición, se ratifica el derecho a la vida, a la propiedad ajena y al bien común, como derecho que tienen todos los ciudadanos de bien en el desarrollo de su vida diaria
Junto con la Ley de Seguridad Ciudadana, también se sancionaron tres leyes emblemáticas: un nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional, un estatuto del patrullero y una Ley de Seguridad Nacional, legislaciones que enarbolan principios, como los derechos humanos, protección a la vida y a la honrar los bienes de los ciudadanos.
La norma de seguridad ciudadana, da tranquilidad a los campesinos y empresarios para que nadie pretenda a la fuerza arrebatarles la propiedad que solo puede ser reclamada a través de una autoridad competente; es una norma novedosa, precisa y que cierra brechas a la criminalidad y a todos los efectos que se puedan generar de cualquier protesta ciudadana.
Esta nueva normativa pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle, como sucede en la mayoría de los casos, en donde se capturan a los individuos en flagrancia y después no se surten en debido proceso judicial que por cualquier motivo vuelven enseguida a quedar libres y a seguir delinquiendo.
Para los colombianos de bien, es una ley anhelada y esperada, diseñada para combatir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos, a pesar de que puede haber críticas y desacuerdos pero este gobierno es de hechos, y con esta ley se está brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad.
Esta norma es un gran logro para los colombianos, ya que se trata de una ley garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero, a la vez, implacable contra la delincuencia.
Desde otro punto de vista, a partir de ahora, los soldados y policías tendrán una ley que les representa, y con un régimen disciplinario que les permite estar protegidos pero que les exige actuar con excelencia, lo que estaban exigiendo los ciudadanos colombianos después de las protestas sociales del año pasado, que perdieron su verdadera esencia cuando se demostró la infiltración de desadaptados y el apoyo económico de la oposición política del gobierno, apoyo para destruir y vandalizar negocios, bienes privados y los de uso público.
La Ley de Seguridad Ciudadana abre la puerta al uso de armas siempre que sea en defensa propia contra injusta agresión, sin que posteriormente haya responsabilidad penal, obviamente plenamente demostrado el hecho antes los tribunales de justicia.
Algo que llama la atención, porque existía un vacío al respecto, es la legítima defensa privilegiada cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo. Tendrán que pagar con cárcel esta violación al entorno privado de los ciudadanos que ahora están debidamente protegidos.
Llama la atención la Ley de Seguridad Ciudad, porque también modifica el Código Penal para aumentar las penas para quienes cometan delitos contra integrantes de las fuerzas de seguridad o defensores de los derechos humanos, mientras que las penas para quienes afecten la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, transporte masivo e instalaciones militares o de Policía serán de 48 a 144 meses.
Ya era hora, hay que evitar que la gente siga vandalizando, acabando y terminando con lo ajeno sin que reciban castigo alguno por ello. Los desadaptados no pueden seguir creyendo que por el hecho de estar en una protesta, también tienen el derecho de atentar y destruir lo que encuentren en la vía y a su paso.
Ahora hay que endurecer el sistema penal; los jueces de la nación se deben poner a tono y en la realidad de las personas que ven, como en pocos minutos, las manifestaciones acaban con años y años de trabajo legal y delicado.
Los jueces, ahora, deben actuar en forma rápida y contundente; deben aplicar la ley con toda la rigurosidad del caso; dictar sentencias ejemplarizantes y contundentes llevando a la cárcel a todos estos desadaptados que tienen por costumbre atentar contra la seguridad de los colombianos.
