El modelo privado de pensiones de Chile, que recientemente cumplió 41 años, está siendo fuertemente cuestionado, hasta el punto de que el presidente electo, Gabriel Boric, se comprometió a reemplazarlo por uno público, una decisión que podría generar un efecto dominó en algunos países de la región con sistemas similares.
Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet, 1973-1990, e ideado por uno de los hermanos del mandatario saliente, Sebastián Piñera, el sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual.
Boric, quien se impuso con una amplia victoria, prometió pensiones dignas durante su campaña, algo que pretende conseguir acabando con las polémicas Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, y transitando hacia un sistema público.
Las pensiones llevan años en el ranking de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación total del sistema fue una de las principales demandas de las protestas de 2019, las más graves desde el retorno a la democracia.
En Chile, cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal que es tutelada por las AFP y de la que puede disponer cuando se jubile, 60 años para las mujeres y 65 años los hombres. Actualmente existen 7 AFP, que obtienen beneficios millonarios tras invertir en los mercados los ahorros de los trabajadores, que suman más de 200.000 millones de dólares, cerca del 8 % del PIB chileno.
Las más de 8.000 personas que se jubilaron en noviembre recibieron de media una pensión mensual de 260 dólares, un poco menos de la mitad del salario mínimo y desde el punto de vista de la inversión, las AFP han contribuido al crecimiento, pero los trabajadores no han recibido lo esperado.
Parte de la responsabilidad de que las AFP sean tan impopulares recae en los mismos arquitectos del sistema, que para lograr su adopción prometieron tasas de reemplazo del 100 %, cuando en la actualidad rondan el 30 %.El sistema, sin embargo, ha sufrido reformas en los ú ltimos años, como la impulsada en 2008 en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, quien introdujo el llamado "Pilar Solidario", un tipo de pensión financiada por el Estado y dirigida al 60 % más pobre de la población que nunca había cotizado.
En un hecho histórico, el Parlamento chileno aprobó en julio de 2020 el primer retiro anticipado del 10 % de los fondos de pensiones para que la castigada clase media pudiese hacer frente a la crisis provocada por la pandemia ante las "insuficientes" ayudas gubernamentales. Desde entonces, ya se ha dado luz verde a otros dos retiros y las AFP han desembolsado más de 46.500 millones de dólares, lo que implica una importante descapitalización.
El modelo chileno se expandió a otros países de la región, como Perú, México o Colombia, pero se combinó con sistemas públicos. En 2018, el 60 % de los países que privatizaron sus pensiones revertieron las medidas, sobre todo después de la Gran Recesión, porque la privatización no dio los resultados esperados. Los sistemas de capitalización individual tuvieron el efecto positivo de involucrar menos carga fiscal en contextos de pesadas mochilas de deuda pública, pero ahora torna imperativo que se realicen ajustes.
En Perú, pionero en aprobar los retiros anticipados de las pensiones y los trabajadores pueden optar por aportar al sistema público o afiliarse a una AFP, la crítica hacia la capitalización individual también está muy extendida. La pandemia generó además más presión sobre las AFP, que desembolsaron 16.480 millones de dólares entre 2020 y 2021 en cinco adelantos extraordinarios, y los ataques del presidente, el izquierdista Pedro Castillo, son constantes.
El debate en Colombia también está sobre la mesa y un posible contagio de lo que pasa en Chile dependerá mucho del resultado de las elecciones.
Los planes de Boric sí pueden impactar de alguna manera el negocio que tiene el Grupo Sura, uno de los principales conglomerados de servicios financieros de Colombia y que controla al menos el 20 % de los fondos de pensiones de Chile.
En enero pasado, bajo el Gobierno de Manuel López Obrador, entró en vigor la primera reforma al sistema desde 1997, que busca aumentar en un 40 % el ingreso de los jubilados; sin embargo, la reforma es insuficiente porque preserva el modelo y en un contubernio con el sector empresarial y con un segmento intensamente corporativo del sindicalismo, el presidente le dio por lo menos 10 años más de oxígeno al sistema equivalente a las AFP.
Brasil y Argentina son los grandes defensores de los sistemas de reparto en la región.
En la mayor economía latinoamericana, el sistema de jubilaciones continúa siendo público, aunque existe la posibilidad de que los trabajadores aporten voluntariamente a fondos privados para complementar su renta futura, ya que la jubilación pública máxima es de 6.000 reales, un poco más de 1.000 dólares.
En Argentina, un país con recurrentes períodos de alta inflación, el sistema es completamente público, pero la ley establece que la tasa de reemplazo debe ser del 82 % y actualizarse periódicamente.
Esta imposición legal no siempre se ha cumplido y ha suscitado a lo largo de las décadas conflictos. Hasta 2017, la actualización era semestral y en base a una fórmula determinada en partes iguales por la variación de la recaudación tributaria y la variación de los salarios.