Que se atengan los corruptos

Editorial
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Con el fin de levantar el velo corporativo de compañías para enfrentar a quienes pretenden lucrarse con los recursos públicos, nació la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, sancionada por el presidente Duque, con la convicción de evitar legalmente la carrera que emprenden los corruptos en su afán de robarle a los colombianos.
Con la firma de la Ley, el denominado velo corporativo se levanta cuando se cuente con serios indicios de que la acción u omisión de una persona jurídica pueda determinar que existen casos de corrupción que ponen en riesgo los recursos públicos, y de esta forma acabar con todas estas iniciativas ilegales de lucrarse con dineros públicos.

La nueva ley aplica cuando la persona jurídica promueva o se encuentre en estado de insolvencia o liquidación, y ponga en riesgo el resarcimiento del patrimonio público afectado. Y, finalmente, cuando la lesión al patrimonio público o a la afectación de intereses patrimoniales de naturaleza pública, se haya generado por explotación o apropiación de bienes o recursos públicos en beneficio de terceros.

De la misma manera, la norma habilita la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, con el objetivo de facilitar su monetización y administración. Adicionalmente, la Ley plantea desarrollar programas de transparencia y ética empresarial de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, así como fortalecer proyectos educativos institucionales en los colegios. Se crea, además, el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos, entre otras acciones.

Esta Ley se logró, gracias al trabajo coordinado por la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, con participación de 25 entidades del Estado y que nació en el seno de la Comisión Nacional de Moralización y se puede afirmar, sin lugar a dudas, que es una ley histórica porque es una herramienta contra la corrupción, ya que Colombia no la tenía y que hoy fortalece los instrumentos, para llevar a la cárcel a todos aquellos que intenten poner sus manos sobre los bienes de los demás.

De ahí se deriva que la extinción de dominio se hace exprés, se agiliza y permite la enajenación temprana de bienes mal habidos y no será mas un trámite engorroso para que los ladrones y corrompidos tengan tiempo para realizar sus fechorías, siendo una norma sólida, eficaz, de las más novedosas y más fuertes que ha tenido el país y de las más modernas en América Latina para la lucha contra este flagelo, que hoy se ve traducido en una norma ejemplar que permite que los bienes no estén en proceso años y años, sino que se puedan liquidar o se puedan orientar hacia mejores causas o causas lícitas, pero que, también, permitan darle recursos a la justicia, a la Fiscalía, para cumplir su función misional, como debe ser.

Ahora los bandidos lo van a pensar dos veces; aquellos que le hacen triquiñuelas a la justicia también, porque aquí se establece un régimen sancionatorio a las personas jurídicas que se prestan para actos de corrupción. Y, además, bajo esa premisa se va a poder levantar velos corporativos e ir tras gestores, tras directivos de empresas que participan en actos de corrupción.

Ahora el Estado y el aparato jurídico y judicial de la nación tiene unas herramientas vivas contra quienes pecan por la paga, sino también contra quienes pagan por pecar. De la misma manera, hay que resaltar de la nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción que fortalece los mecanismos de control y de sanción a casos de corrupción como el Programa de Alimentación Escolar, PAE, estableciendo elementos de pedagogía y un registro de últimos beneficiarios en lo que tiene que ver con casos de corrupción.