‘Caldo de cultivo’ para la violencia sexual

Editorial
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La falta de datos desagregados sobre violencia de género en los países de América Latina y el Caribe ha impedido que se conozca la realidad sobre la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes en la región, constituyéndose en una peligrosa y desafortunada ausencia que lastima a las principales víctimas, en este caso, las niñas.

Existen desafíos relevantes respecto de comprender las circunstancias y tipos de violencias que afectan a las niñas y adolescentes, por ejemplo, es importante señalar que la violencia sexual contra la niñez es de la que se tiene menos información. Desafortunadamente este tipo de violencia recibe poca atención y es el matrimonio infantil o las uniones tempranas y forzadas, en lo que terminan este tipo de situaciones.

Se debe tener en cuenta que una de cada cuatro niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años y, sin acciones e inversiones, Latinoamérica tendrá, en 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil, sólo por detrás de África Subsahariana.

Peligrosamente estos números podrían ser mayores debido a la falta de datos a largo plazo, la normalización de esa violencia y la falta de actualización, e incluso la ausencia en varios países, de la información sobre matrimonios infantiles, especialmente en el Caribe; eliminar esta práctica nociva es una meta por cumplir en la región, y eliminarla también es central para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible.

La agresión sexual contra niñas y adolescentes no es el único tipo de violencia invisibilizada por la falta de estadísticas; pese a las reformas realizadas en los últimos años, las cifras sobre los “inaceptables” asesinatos machistas, especialmente en menores, sigue sin tener una contabilidad adecuada y mucho menos un estándar en la región. Existen subregistros y limitaciones en muchos de los países para tener datos desagregados de la violencia de género, que no han permitido establecer tendencias en relación a las niñas y adolescentes. De las 4.091 víctimas de feminicidio registradas en 26 países de América Latina y el Caribe en 2020, al menos 40 fueron niñas menores de 15 años. No obstante, es imposible comparar la situación entre países, pues los datos responden a la legislación de cada uno.

Hay aún muchos retos para la medición de la violencia contra las mujeres y la incidencia de los delitos con enfoque de género. Implementar sistemas integrales de información no solamente es clave para las políticas, sino que puede salvar vidas. Para muchas mujeres la violencia feminicida es “la crónica de una muerte anunciada”, por lo que un registro, seguimiento y consecuente protección puede marcar una diferencia clave.

La llegada de la pandemia ha puesto al descubierto las desigualdades estructurales de género en la región ya que todos los países se han visto afectados por estas crisis, y en todos ellos las brechas de género se han agudizado. Durante los últimos dos años, las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas porque están amortiguando los efectos de la crisis a través de un aumento del desempleo, la informalidad, la pobreza, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y de una precarización de sus condiciones de vida. Además, las mujeres ocupan la mayoría de los puestos de trabajo en los sectores más afectados por la crisis, como la manufactura, el comercio, el trabajo doméstico remunerado y el turismo.

Durante el 2022 el cuidado deberá ser el tema central cuando se hable sobre recuperación post covid. La pandemia, como nunca antes, ha demostrado que sin el cuidado de la vida y del planeta, no hay economía posible, no hay desarrollo; por eso se debe transitar hacia la sociedad del cuidado: un cambio de paradigma que ponga en el centro el cuidado de las personas, de quienes cuidan, el autocuidado y el cuidado del planeta.

No tomar en cuenta a los cuidados podría profundizar aún más la crisis, por lo que, es necesario contrarrestar la precarización de los empleos relacionados con el sector de los cuidados y mejorar las condiciones laborales y su formalización. Y también es urgente visibilizar los efectos multiplicadores de la economía del cuidado en términos del bienestar, la redistribución de ingresos y del tiempo, el empleo, el crecimiento de las economías y el aumento de los niveles de recaudación.
Para garantizar un proceso de recuperación transformadora con igualdad es necesario más que nunca que no haya retrocesos en la autonomía económica de las mujeres.