Algunos pendientes que no se cumplen

Editorial
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Bolivia es desde 2009 un Estado plurinacional al menos en papeles, pues aunque hubo avances en cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, aquellos que no están bajo el paraguas del oficialismo sienten que son invisibles y sus derechos y formas de vida no son respetados.

La llegada de una marcha indígena a Santa Cruz, el motor económico del país, que reclama el respeto pleno de sus derechos ante las invasiones de sus territorios hizo rememorar las primeras movilizaciones de estos sectores en los años 1999. Entonces una marcha desde la Amazonía a La Paz puso en el mapa por primera vez a esas etnias ignoradas durante décadas por el Estado y logró entre otros que se propongan reformas constitucionales para reconocer sus derechos.

Esto finalmente quedó plasmado en la Constitución vigente desde 2009 con la que Bolivia pasó de ser República a Estado plurinacional y además reconoció ampliamente los derechos de 36 pueblos indígenas.

El punto de quiebre con estos sectores fue la brutal represión policial en 2011 de una marcha indígena contra un proyecto de Morales para construir una carretera que partía en dos una reserva natural sin consultar a sus habitantes como mandan las normas internacionales y la misma Constitución. La nueva Constitución fue producto de las luchas indígenas de 1990 contra la discriminación y marginación estatal en las tierras altas o zona andina y las tierras bajas, como se llama a las regiones de la Amazonía, el oriente y el chaco bolivianos. Luego de la Constituyente, el partido de Morales empezó a aprobar leyes que son más nefastas que las neoliberales porque propiciaron la invasión de territorios indígenas, incendios forestales y proyectos mineros, de hidrocarburos o infraestructuras en esas tierras o en áreas protegidas.

Pese al reconocimiento constitucional a las 36 naciones indígenas, hay quienes denuncian un "andinocentrismo" por parte del Gobierno nacional, que suele privilegiar lo quechua y aimara, los pueblos más numerosos en Bolivia, con 1,2 millones de personas el primero y 1,1 millones el segundo, según el censo de población de 2012.

Las críticas apuntan a la predominancia de la simbología de estas etnias en construcciones como la nueva casa de Gobierno o el Parlamento, la celebración del Año Nuevo Andino ampliada a las otras regiones bolivianas, o el uso de la wiphala, la bandera que representa principalmente a las culturas andinas y es símbolo patrio desde 2009, entre otros.

Hablar de la plurinacionalidad implica el reconocimiento y respeto a todos los pueblos indígenas, pero el oficialismo insiste en imponer una ideología que no representa a todos y que más allá de buscar la unidad, nos está llevando a una separación. Esa tensión se hizo evidente en estos días por un incidente entre el Gobierno y la gobernación de Santa Cruz en torno a la iza de la wiphala en la efemérides cruceña.

La posibilidad de que los indígenas tengan participación política al margen de un partido, el respeto por sus territorios, usos y costumbres, su libre determinación y su participación en la elaboración de programas que se adecuen a sus necesidades son algunos pendientes que están en las normas, pero no se cumplen.



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