Tiene toda la razón el gobierno colombiano de rechazar, y con énfasis, las recientes acusaciones infundadas de Venezuela de persecución y el exterminio de los migrantes del país petrolero, que quiere llevar a Colombia ante la Corte Penal Internacional, CPI, después de culparla del asesinato de dos jóvenes venezolanos.
Semejante despropósito debe ser rechazado con contundencia ya que el gobierno no puede responder por estos actos de asesinatos de los jóvenes venezolanos y su actuación en el país; además, ¿por qué culpa al gobierno de estos asesinatos que están siendo investigados a fondo, cuando al país han llegado más de un millón de venezolanos huyendo de la violencia social y económica que vive Venezuela? La doble moral.
Por el contrario, Colombia se ha preocupado por recibir a los inmigrantes, que a propósito llegan a a diario, en proveerles las necesidades más apremiantes, hasta llegar a crear el Estatuto Temporal de Migrantes, que ha sido aplaudido mundialmente, precisamente, por su condición de protección a estas personas que llegan al país despojadas de sus derechos más esenciales, como salud, vivienda y educación.
Bien hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, al rechazar y desmentir las recientes declaraciones infundadas hechas por distintos voceros de la dictadura de Nicolás Maduro en donde denuncian una supuesta política de agresión, discriminación y xenofobia hacia la población migrante venezolana. Estas declaraciones pretenden desviar la atención de otros lamentables hechos recientemente ocurridos en ese país como el fallecimiento del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, décimo preso político que pierde la vida bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro. A esto sí que hay que apostarle y llevarlo ante los tribunales y la opinión pública mundial.
Quien debe llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio, persecución, contemplado en el artículo 7.1H del estatuto de Roma, es el gobierno nacional apoyado por el propio pueblo venezolano y sufrido, que aguanta la dictadura de Maduro en forma estoica.
Vale la pena aclarar que el asesinato de los dos jóvenes se produjo el pasado viernes en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, después de ser detenidos cuando, supuestamente, robaban en un comercio. Horas después, los jóvenes -uno menor y otro de 18 años- aparecieron muertos en una carretera que conduce a la localidad de El Tarra. Ambos tenían tiros en la cabeza y en sus cuerpos también fueron atados carteles que decían “ladrones”.
El gobierno del presidente Duque hace grandes esfuerzos para atender a toda la población venezolana que huye de la crisis social, económica, política y de la vulneración constante de sus derechos humanos, generada por un régimen dictatorial que violenta las libertades y que destruyó la democracia de esa nación. Colombia, en donde viven más de 1,8 millones de venezolanos, ha implementado medidas solidarias como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, para brindar a los migrantes condiciones de vida dignas, acceso transparente a las instituciones estatales, así como integrarlos a la economía y al mercado laboral colombiano
