El retorno de la democracia a Venezuela es un deber de todas las naciones del mundo, ya que el régimen que se ha instalado en la hermana república, ha violado todos los cánones de la libertad, el estado de derecho y de los derechos humanos.
Esta situación compromete a los países vecinos, entre ellos Colombia, quien a través del gobierno nacional, no se ha cansado de denunciar el respaldo que el gobierno venezolano le da a los guerrilleros colombianos en la frontera entre ambos países, que sirve como guarida de estos asesinos con el visto bueno del gobierno chavista, que auspicia toda clase de violencia desde su territorio hacia los ciudadanos colombianos.
Por esta y otras razones el presidente Duque, pidió a Estados Unidos que declare a Venezuela país promotor del terrorismo porque allí se protege a las guerrillas del Eln y a disidencias de las Farc que perpetraron atentados contra una brigada militar y contra su helicóptero. Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria, por parte de los Estados Unidos, también, como un país promotor del terrorismo.
Tanto el atentado contra el presidente Duque el pasado 26 de junio, cuando viajaba en el helicóptero presidencial, como contra la Brigada 30, ubicada en Cúcuta, fronterizo con Venezuela, cometido once días antes, fue planeado desde Venezuela, afirmación que se basa en las investigaciones de las autoridades colombianas que tienen pruebas de que esos atentados fueron perpetrados por el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc, que están lideradas por alias “Jhon Mechas”, y se refugian en Venezuela; además, el Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc reconoció en un video publicado el fin de semana que fue el autor del ataque contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, donde explotó un carro bomba, y del atentado contra Duque y parte de su gabinete, cuando se transportaban en el helicóptero presidencial.
Es por esto que es necesario afinar los sistemas de inteligencia para darse cuenta de dónde están esos protectores de esas estructuras de grupos criminales y apelar a sanciones. En Venezuela están protegidos los alias “Iván Marquez”, “El Paisa” y “Romaña”, que comandan las disidencias de las Farc que se apartaron del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y esa guerrilla en noviembre de 2016. En Venezuela, también están Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, y “Antonio García”, cuyo verdadero nombre es Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, que asumió la jefatura del Ejército de Liberación Nacional, Eln, tras la renuncia de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”.
Así como ha visto que hay países que albergan en su territorio a quienes han cometido esos hechos y atentados y, además, se arrogan la capacidad de hacerlo y lo dicen ante el mundo, hoy también se pueden ver casos que son absolutamente incontrovertibles, que merecen ser castigados ante ejemplarmente. Venezuela como país promotor del terrorismo, tiene como objetivo no solo develar una relación connivente y perniciosa, sino también que ellos puedan tomar un camino: o seguir patrocinando el terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando, es por esto que el terrorismo es una amenaza global pero que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el mundo consolidó la reacción de los cuerpos de seguridad internacional para entender que este fenómeno tiene que ser desmantelado y enfrentado con todas las capacidades.
En esta petición presidencial, al gobierno de Estados Unidos, se debe consolidar una alianza global para tener la trazabilidad de la maquinaria pesada con la que grupos ilegales desarrollan actividades de minería y obtienen recursos para financiar el terrorismo; es necesario saber quiénes transportan maquinarias como retroexcavadoras de 30 toneladas, quiénes las compran, las instalan y las operan, labores que no las hacen gente del común.
En la actualidad se vive en un mercado internacional negro donde se están mercadeando también maquinaria de segunda mano y es importante imponer sanciones a empresas que propician la venta de maquinaria amarilla sin trazabilidad, otro punto a tener en cuenta en medio de la violencia generada por los subversivos refugiados en Venezuela.
