El derecho a la protesta pacifica

Editorial
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El Gobierno colombiano modificó un decreto presidencial para limitar la definición de protesta pacífica y especificar que los bloqueos de vías, ya sean temporales o permanentes, no constituyen una forma de manifestación y por ello permite el uso legítimo de la fuerza, modificación que se venía pidiendo hace ratos, más aún con las marchas violentas del mes de mayo, en donde el narcotráfico, la política y los odios, jugaron un papel importante.

En Decreto 003 de 2021, que amplía la definición de manifestación pacífica, ahora no constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, así como las que se convocan con fines ilegítimos, violencia, estigmatización.

Al hacer esas especificaciones sobre lo que no es protesta pacífica también se recalca que se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como de los bienes públicos y privados, colocando orden a los marchantes convocados por el resentimiento, el odio y las ansias de poder de un grupo de personas que solo piensan en sus interés personales utilizando las marchas como mecanismo de presión, en el peligroso tiempo de pandemia.

De esta forma se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, y la integridad de las personas, bienes públicos y privados.

El pasado 28 de abril se iniciaron en varias ciudades del país multitudinarias protestas en contra de la política social y económica que dejaron, víctimas mortales, lamentablemente. Con el paso de los días, grupos de jóvenes bloquearon carreteras en puntos estratégicos lo que ocasionó en algunas ciudades desabastecimiento de bienes básicos y medicinas y afectó a la economía y a las empresas.

En otro frente, es bueno dar a conocer a la opinión pública que se destinará 34.732 millones de pesos, para el fortalecimiento de las capacidades de la Policía, que se invertirán en tecnología, un plan piloto de ‘Bodycams’, cámaras fijadas al cuerpo, y un componente de movilidad que hace parte del plan de transformación integral de ese cuerpo anunciado por el presidente Duque, hace un par de semanas y se incorporarán drones que acompañarán las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía para darle más transparencia a las intervenciones de ese cuerpo.

Estas acciones son producto de la profunda transformación integral de la Policía, en que está empeñado el Gobierno nacional, enfocada en fortalecer la política de derechos humanos, después de las denuncias del uso de la fuerza en las protestas, para así garantizar las protestas pacíficas en el país y como resultado de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías, donde se acogieron recomendaciones presentadas por organizaciones de derechos humanos, jóvenes, gremios, sociedad civil y organismos internacionales. De esta formar se da a conocer el marco de garantías del Gobierno Nacional para quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica, y también para quienes no lo ejercen y requieren ver sus derechos protegidos.

Siguiendo este orden de ideas, ahora se da a conocer la modificación de la estructura del Ministerio del Interior, fortaleciendo su enfoque integral en materia de diálogo social y Derechos Humanos, que junto con la creación del Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos, el cual será presidido por el Presidente de la República y del cual harán parte el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas, la Consejería de Estabilización y el Alto Comisionado para la Paz, entre otros, garantizar el derecho a una libre protesta, dando seguridad a los que participan de las marchas, y a los que no lo hacen.

Lo bueno de este nuevo sistema es que será replicado en todos los niveles; nacional, departamental y municipal, para buscar no solamente fomentar el diálogo social, sino también para dar resolución a los conflictos que se originen precisamente en materia de convivencia y conflictividad social.


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