La violencia policial en América es una enfermedad que parece insalvable y que ha penetrado en toda la región pese a las llamadas permanentes al control y al respeto por los derechos humanos. Países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia o Chile, han sido escenario de episodios de extremo uso de la fuerza, dejando tras de sí decenas de víctimas.
El problema de la brutalidad policial, en algunos miembros de la institución, persiste, cada vez más agravado, mientras que una parte de la sociedad pide cambios en una Policía que depende del Ministerio de Defensa, todo esto enmarcado en los protestas social, que han sido infiltradas por grupos guerrilleros y grupos auspiciados por el gobierno de Nicolas maduro.
Hay un fenómeno estructural en Colombia y es que por cuenta del conflicto armado y de la guerra contra el narcotráfico se ha confundido mucho la diferencia que tienen que desempeñar los militares y la Policía. Las actuales protestas en Colombia, son la expresión exacerbada del paro nacional de 2019 y una situación social que ha empeorado con la pandemia, con incremento de la pobreza y una parte de la juventud aislada del mercado laboral.
Estados Unidos ha sido en el último año protagonista de la mayor ola de protestas raciales tras la década de los 60 del siglo pasado a raíz de la muerte en mayo de 2020 del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía, lo que ha generado un amplio debate sobre la violencia policial contra las minorías.
El impacto de la cultura de EE.UU. en el resto del continente también llega a través de la militarización de sus cuerpos policiales, normalmente acorazados con armas de alto calibre y equipamiento de guerra.
De otros lado una violenta operación policial realizada el jueves pasado en Río de Janeiro en una favela de la ciudad, dejó un saldo de 27 civiles, que según las autoridades eran supuestos criminales, y un policía muertos.
La acción fue considerada como la mayor masacre en la historia de la urbe y volvió a levantar las alertas sobre los abusos de los uniformados en el país, ya que la mayoría de los civiles muertos fueron jóvenes, negros y habitantes de favela, de los cuales solo tres tenían relación con el objeto del operativo.
En Brasil coincidieron en que el alto índice de letalidad policial no es solo un problema del gigante suramericano sino de varios países de América, debido a factores comunes como los altos índices de violencia, el narcotráfico, la falta de profesionalización de los uniformados, los prejuicios sociales y un sistema de justicia ineficiente.
En México, el más reciente ocurrió el 27 de marzo cuando la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue asesinada por cuatro policías municipales en el balneario de Tulum, Caribe mexicano.
Y en plena pandemia de la Covid-19, la brutalidad policial reapareció en el país con la muerte del joven Giovanni López a principios de mayo de 2020. Tenía 30 años y fue arrestado supuestamente por no llevar cubrebocas en el estado de Jalisco.
En Venezuela, los casos de violencia policial en los últimos años se cuentan por cientos y son atribuidos, fundamentalmente, a las Fuerzas de Acciones Especiales, Faes, de la Policía, un grupo creado en 2016 que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó disolver al responsabilizarlo de numerosas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en todo el país; sin embargo, el presidente Nicolás Maduro respondió con el apoyo incondicional a los efectivos y sus actos.
Entre los casos más destacados de víctimas de la brutalidad de las fuerzas de seguridad del Estado, la Fuerza Armada asume labores de Policía cuando el Gobierno lo considera necesario, como en las protestas de 2017 o 2014, está el asesinato de David Vallenilla, quien recibió un disparo procedente de la base militar de La Carlota el 22 de julio de 2017, cuando el joven tenía 22 años.
Otro caso sonado fue el de Juan Pablo Pernalete, quien murió a los 20 años producto de una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana, tal y como reportó la entonces fiscal General Luisa Ortega Díaz, y a la que desmintió el Gobierno, argumentando que el joven había sido asesinado con una pistola por la propia derecha.
Más reciente -4 de julio de 2019- el adolescente de 16 años Rufo Chacón se quedó ciego al recibir parte de la munición de las armas de dos policías, que pretendían dispersar una protesta para exigir gas doméstico a base de disparos. Los agentes fueron detenidos, pero nunca se supo si fueron juzgados ni qué ocurrió posteriormente con ellos.