Dentro de la Agenda sobre lo Fundamental, liderada por el gobierno nacional, la cita con las Altas Cortes fue una de las más esperadas por los colombianos ya que la reunión del Presiente Duque y los togados, era supremamente importante porque las Altas Cortes, son la vocería de la democracia y el ejercicio correcto de la justicia.
Vale la pena recordar que los órganos de cierre de las tres principales jurisdicciones del sistema judicial. la ordinaria, la constitucional y la contencioso-administrativa, junto con el Consejo de Gobierno Judicial, son denominadas Altas Cortes y una de las conclusiones de la reunión fue, precisamente, que, en el marco del respeto de todos los ciudadanos, tanto de quienes protestan como de quienes no lo hacen, se respalda el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia.
El Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, actuando en su nombre y el de sus colegas, condenó y rechazó los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta; de igual forma las Altas Cortes reconocieron el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país.
Tras un encuentro con el presidente Duque Márquez, para avanzar en una Agenda sobre lo Fundamental, las Altas Cortes expresaron su apoyo institucional, respaldando el diálogo nacional, condenando los hechos de violencia y reconociendo los programas sociales desarrollados por el Gobierno Nacional.
Los magistrados de las altas Cortes muy bien lo expresaron, los delitos que en el marco de la protesta se han presentado, contra cualquier ciudadano o servidor público, deben ser investigados, priorizados y sancionadas por las autoridades competentes, situación en la que está comprometido el gobierno nacional, que es el más interesado en aclarar los actos de violencia en las marchas recientes, en donde hubo excesos por ambos lados, que desafortunadamente han dejando personas heridas.
El encuentro sirvió además para que las Altas Cortes destacaran los programas sociales adelantados durante la pandemia del Covid-19, reconociendo el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país.
Otra de las grandes conclusiones de este importante encuentro fue reconocer y acordar que la justicia, en la separación de poderes y en colaboración armónica con la institucionalidad, se respalda el orden institucional y democrático, en el marco del respeto a la Constitución Política que constituye el gran pacto de paz y convivencia pacífica como la brújula de la Nación.
Los colombianos rechazan de manera enfática y categórica, el vandalismo que se ha registrado en algunas ciudades del país, y respaldan la decisión del Gobierno Nacional de ofrecer el pago de recompensas por información que permita capturar a los responsables de los hechos de terrorismo urbano en el país. Los colombianos se tienen que unir en el rechazo categórico y enfático a este vandalismo, y enfrentarlo con todas las herramientas que da el Estado de derecho y en este contexto; se debe avanzar en el proceso de judicialización de los criminales, ofreciendo recompensas por quienes están detrás de estas estructuras vandálicas en varias ciudades del país.
Hay que calificar como importantes los avances de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, que orientan a grupos armados organizados que han estado financiando este tipo de actos criminales. Es indignante cuando se ve hechos de violencia vandálica y de terrorismo urbano, que a través de vías de hecho han causado daños a la infraestructura pública, han destruido sistemas de transporte masivo, han buscado afectar la cadena de suministro de alimentos, de oxígeno y de vacunas y han afectado el aparato productivo.
Este tipo de acciones criminales están articuladas, están financiadas, por violentos y grupos al margen de la ley y, por lo tanto, se tienen que combatirlas con toda la determinación. En una democracia existe el derecho a que las personas se manifiesten pacíficamente, y esos derechos los debemos proteger todos.
