La última herencia

Editorial
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A un mes de abandonar la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno deja como última herencia una Ley para la defensa de la dolarización a priori intrascendente tras la victoria de Guillermo Lasso en las elecciones, pero vital para seguir accediendo a préstamos internacionales.

La Ley pasó su prueba de fuego en la Asamblea Nacional por 86 votos a favor, de 137, y ya ha sido remitida a Presidencia para su sanción y Ecuador ganó con la aprobación del proyecto de ley que ha necesitado de meses de trabajo en medio de un proceso electoral que contribuyó dramáticamente a su politización.

Para muchos, tenía el objetivo primario de poner freno al siguiente Gobierno en el caso de que ganara el izquierdista Andrés Arauz, que en su campaña había anunciado que echaría mano de las reservas del país para rescatar de la pobreza a cientos de miles de ecuatorianos.

Una amenaza ahora disuelta, al menos a corto plazo, tras la victoria del centroderechista Lasso en el balotaje del 11 de abril, pues el exbanquero confirmó que no tocaría un dinero que no le pertenece al Gobierno. Se trata de fondos depositados a través del Banco Central (BC), administrador de los recursos de la banca privada, la seguridad social, Gobiernos nacional, seccionales y empresas públicas, como garante de la sostenibilidad del sistema monetario y la liquidez. Se blindan las reservas del BC, los depósitos de los ciudadanos están seguros, la entidad recupera su autonomía y nunca más un gobierno lo usará como caja chica.

Frenar cualquier intento de tocar esas reservas fue una de las condiciones del FMI cuando el año pasado concedió a Ecuador 6.500 millones de dólares, de los que 2.500 millones están aún por entregar, pendientes de revisiones técnicas periódicas durante 27 meses.

Una de ellas está en curso para la entrega este mes de abril de 450 millones, aunque se verá retrasada por la aprobación casi en el minuto 90 del proyecto de ley en la Asamblea Nacional saliente. Para la oposición y colectivos sociales, el proyecto arrastra posibles sesgos de inconstitucionalidad y supone una privatización del BC al dejarlo fuera de la esfera del Gobierno, lo que a su juicio podría alentar la fuga de capitales y desestabilizar aún más la dolarización. La estadounidense fue instaurada en Ecuador como moneda de curso legal en 2000 tras una grave crisis financiera, que acabó con una treintena de bancos privados intervenidos por el Estado a un alto precio y una crisis social cuyas consecuencias aún perduran.

Pero para Moreno, la Ley incluye reformas que robustecen el sistema económico, la sostenibilidad financiera y la capacidad adquisitiva de las familias ecuatorianas. Ahora ningún gobernante hará mal uso del dinero del pueblo, y el Banco Central trabajará de forma independiente. Volcado en restringir las interferencias políticas en el BC como ocurría en el pasado, y en proteger las divisas del país, que desde 2019 pasa por una situación financiera extremadamente difícil, el Gobierno debió remitir a la Asamblea hasta tres veces su proyecto de Ley, antes de ser aceptado a trámite y finalmente aprobado.

La estabilidad del sistema monetario es un auténtico dolor de cabeza de los Gobiernos ecuatorianos, más aún, en tiempos de vacas flacas. La dolarización es una mesa de tres patas. La una está en los bancos y cooperativas, que se cuida con una buena gestión de ellos. La segunda son los recursos en los bolsillos de las personas, y la tercera está en el Banco Central. Si se cuida esto, se esta cuidando la liquidez, y si se cuida la liquidez se esta cuidando la dolarización. Por ello el presidente instó a precautelar que el dinero del BC no sea mal usado porque destruir el concepto de la acumulación de reservas lo que hace es destruir el régimen cambiario. Ya la Ley obtuvo el respaldo de los asambleístas salientes del Partido Socialcristiano, PSC; Creo. de Lasso; Suma, Bin, así como algunos de Alianza País, ex partido de Moreno, una posibilidad que no se habría dado en la nueva legislatura a partir del 14 de mayo, que será mayormente de izquierda.

El proyecto dota al Central de mayor autonomía mediante la creación de dos juntas, una de Política y Regulación Monetaria y otra de Política y Regulación Financiera, con tres integrantes cada una independientes del Ejecutivo, aunque propuestos por el presidente y nombrados por la Asamblea Nacional.

Se frenarían así interferencias cortoplacistas del Gobierno de turno, al que también se le retira la potestad del nombramiento del gerente del Banco, que pasa a la Junta monetaria, e instaura, de nuevo, un régimen de cuatro balances, en vigor de 2000 a 2014, cuando la ley fue enmendada por el expresidente Correa.


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