Jefes del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc admitieron de forma oficial su autoría en los secuestros de civiles y militares durante el conflicto armado, y así lo radicaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que en una resolución judicial los llamó a responder por estos crímenes.
Ya era hora. Para que existiera la justicia, verdad y reparación, había que avanzar en la culpabilidad de los crímenes, que han dejado a los familiares de la víctimas relegados, en donde debieron recibir un papel protagónico.
Ellos asumieron como dirección última que fuimos de las Farc-Ep la responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de forma prolongada de civiles y de miembros de la fuerza pública; la JEP, surgida del acuerdo de paz de 2016 como sistema de justicia transicional, imputó a ocho miembros del antiguo secretariado, máximo órgano de dirección de las Farc por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del “Caso 01”, donde hay acreditadas 2.107 víctimas de secuestros y crímenes derivados, principalmente entre 1993 y 2012.
Los acusados por estos hechos son ‘Rodrigo Londoño’, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera (fallecido), Pastor Alape y Rodrigo Granda.
Los exjefes de las Farc radicaron su respuesta ante la JEP, que no se hizo pública aún, donde aceptan sus responsabilidades individuales ante las víctimas, y reconocen que había una política por parte de la antigua guerrilla de secuestros para financiar su oposición armada, ganar territorio y usarlo como ficha de cambio.
Los guerrilleros reconocieron que hubo una política por parte de las Farc en relación a lo que fueron los secuestros; reconocieron que se dieron situaciones que no debieron suceder, pero que efectivamente se presentaron.
Sin embargo, los maltratos, torturas, abusos sexuales y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, que se dieron y recopiló la JEP del testimonio de las víctimas, no formaba parte de esa política, aunque sí reconocieron que estos delitos se cometieron. Que tal.
Se presentaron graves violaciones, afectaciones al DIH, que no fue una política de la organización en cuanto al maltrato y demás, pero aceptaron que se dieron esas realidades y lo aceptaron desde su posición de liderazgo en la organización.
La JEP determinó además la existencia de un patrón de malos tratos en cautiverio en todos los bloques de las Farc, como los encadenamientos como forma de castigo y humillación, marchas forzadas, agresiones físicas y sicológicas, vulneración de la intimidad, torturas, aislamientos y desplazamientos forzados, abusos sexuales, entre otros. Los casos de violencia sexual los reconocieron que se dieron esos hechos y desde luego se espera que asuman la responsabilidad por esos hechos que se dieron que si bien es cierto no correspondía a esa política, se dieron en esa política de secuestros.
La JEP dejó claro en su resolución que estos secuestros no fueron errores, como los ha llamado las Farc, sino crímenes de guerra, y en ese sentido, Alape reconoció abiertamente que más allá de errores eran transgresiones al DIH, y que como revolucionarios asumen la responsabilidad y miran al futuro para que no se repita esta tragedia.
Ahora se espera que además de este documento de más de 100 páginas que entregó las Farc a la JEP, también la Procuraduría y las víctimas presenten sendos informes con sus valoraciones de la resolución emitida en enero por ese tribunal. De ahí, la JEP valorará si los acusados reconocen de forma plena su autoría, en un proceso que aún no tiene plazos, y en el futuro deberá emitir las sanciones correspondientes.