Human Rights Watch, Hrw, entregó a la Corte Penal Internacional, Cpi y a Naciones Unidas información sobre abusos aberrantes supuestamente cometidos por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
Es cierto que estos abusos se vienen presentando hace mucho tiempo en el régimen instaurado en Venezuela y por esto la denuncia no es nueva; al contrario, un poco tardía, lo que afecta más la difícil situación que se vive en el hermano país. Toda la información que ha recopilado la Omg ya está en manos de la Fiscalía de la Cpi y de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, creada por la Onu en 2019.
En concreto, la organización ha entregado a esos dos órganos internacionales un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de al menos cuatro campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados. El análisis de lo acontecido en Apure lleva a la conclusión de que estos hechos son parte un patrón de conducta abusiva de las fuerzas de seguridad de Maduro. Esto no es distinto ni nuevo..
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fanb, inició combates en Apure contra dichos grupos que las autoridades nunca identificaron, pero que Hrw dice que son una escisión de la disuelta guerrilla colombiana de las Farc, conocida como el ‘Frente Décimo Martín Villa’.
La Fanb aseguró que la ofensiva dejó un saldo de 8 militares y 9 terroristas fallecidos, así como más de 40 detenidos. Hrw alega en el texto que muchos de los arrestados no eran miembros de grupos armados, sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas huidas de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Los cuatro campesinos muertos eran de una misma familia y las Faes se los llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria y sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas.
Peritos forenses analizaron fotografías de los cuerpos y concluyeron que los campesinos parecían haber sido movidos del lugar donde murieron; además, se creen que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos fueron colocadas ahí para hacerlos parecer guerrilleros. Por otro lado, la organización ha documentado la detención arbitraria de al menos 17 personas en la zona rural de La Capilla, aproximadamente a 6 kilómetros de La Victoria y según relatos agentes de las Faes cubrieron las cabezas de los arrestados con sus camisetas, los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
En otras zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos ingresaron por la fuerza en varias viviendas, sin una orden de allanamiento y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos.
Debido a la supuesta implicación de las fuerzas de seguridad venezolanas, es imprescindible que la Fiscalía de la Cpi y la misión de la Onu examinen la posible responsabilidad de comandantes y autoridades de alto nivel que podrían haber ordenado esos abusos. También se debe identificar a quienes por su posición en la jerarquía militar o civil tenían el poder de haber prevenido esos abusos y no hicieron nada para evitarlos.
El año pasado, la misión de la Onu presentó un informe en el que acusó al Gobierno de Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad, mientras que la Fiscalía de la Cpi se mostró un poco más cautelosa y se limitó a decir que hay fundamentos razonables sobre la comisión de este tipo de delitos.
La comunidad internacional está a la espera de que la Fiscalía de la Cpi decida si inicia una investigación sobre Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, un tema sobre el que abrió un examen preliminar en febrero de 2018.
