Denuncia y condena

Editorial
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El tema de la seguridad fronteriza de nuestro país con Venezuela, en donde los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y las milicias bolivarianas llevan más de 20 días, el Gobierno colombiano acusó ante la ONU al régimen de Venezuela de buscar desviar la atención internacional frente a su relación cómplice con grupos de narcotraficantes y lo responsabilizó por la crisis humanitaria en zona fronteriza ante el desplazamiento de casi 6.000 personas hacia el país andino.

La grave situación que se vive en la frontera debido al apoyo que da el régimen ilegítimo venezolano a grupos armados organizados narcoterroristas, afecta desde todo punto de vista, la seguridad de la frontera que por este días no ofrece garantías de vida a sus habitantes, que en su mayoría han tenido que abandonar sus viviendas y comenzar el terrible camino del éxodo, en busca de salvar sus vidas y sus pocos bienes; toda la evidencia confirma que se trata de un régimen totalitario que no respeta ningún marco de legalidad.

Es por esta razón que el gobierno colombiano condenó el desplazamiento de casi 6.000 personas, entre venezolanos y colombianos, que han huido hacia la localidad colombiana de Arauquita por los combates que desde finales de marzo tienen lugar en el estado venezolano de Apure, en una operación contra una disidencia de las Farc.

El gobierno nacional informó a la ONU el más reciente desplazamiento masivo de 5.737 personas hacia el municipio de Arauquita, producido desde el 21 de marzo, desde cuando empezaron los enfrentamientos entre los narcotraficantes venezolanos y las grupos alzados en armas.

Estos desplazamientos han sido ocasionado por las operaciones del aparato militar del régimen, de manera indiscriminada y sin apego al Derecho Internacional Humanitario. Los combates entre fuerzas de Venezuela e irregulares armados, que diversas ONG identifican como disidentes de las Farc, se han cobrado la vida de al menos ocho militares venezolanos.

Colombia expresó ante la ONU su preocupación por el colapso institucional, económico y social en Venezuela, y la crisis política que ha llevado a la destrucción de la democracia, convirtiendo a ese país en un Estado fallido; sin embargo, el gobierno nacional reiteró su compromiso para fortalecer la cooperación internacional con los gobiernos democráticos de la región, contra la delincuencia transnacional y los actores terroristas, ratificando la voluntad de asistencia humanitaria a esa población, en compañía de la comunidad internacional.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 febrero de 2019 por orden de Maduro, tras un intento del líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.