La controversia por la reanudación de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato se ha reavivado en país con el decreto del Gobierno que reglamenta dicha práctica, suspendida desde 2015 por los daños a la salud que puede causar el herbicida.
El Gobierno ha manejado el tema del glifosato con pinzas pues sabe que por un lado tiene encima los ojos de Estados Unidos y, por el otro, la oposición de distintos sectores políticos y sociales que rechazan ese método por los riesgos para la salud y el medioambiente.
Las alternativas son la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, estipulada en el acuerdo de paz firmado por el ex presidente Juan Manuel Santos, en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla de las Farc y apoyada por los campesinos, y la erradicación manual, que involucra a numerosos policías y soldados, con frecuencia blanco de ataques armados mientras hacen esa labor.
La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, manifestaron su rechazo al decreto con el que se pretenden reanudar las aspersiones y mostraron su incomprensión a que el Gobierno insista en hacer trizas el acuerdo de paz, cuando el 98 % de las familias que hacen parte del Plan Nacional Integral de Sustitución, Pnis, han cumplido sus promesas de erradicación voluntaria de cultivos.
Muchos atacan la fumigación con glifosato ya que lo consideran un grave error por donde se le mire: no soluciona el problema de las drogas, pone en riesgo la salud de las personas y genera múltiples afectaciones ambientales; pero, sin embargo, no se han puesto a pesar que es el menor riesgo en comparación con las vidas que se salvan diariamente en todos el mundo.
El decreto aprobado por el Gobierno no significa la reanudación inmediata de las aspersiones, pues aún es necesario el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por varios ministros y otros organismos como la Fiscalía o la Procuraduría, pero el debate está servido.
El propósito del decreto es claro y es poner en ejecución la estrategia por aspersión aérea. No está claro si va a ser con glifosato porque el Gobierno dice que es una alternativa y que está buscando otras, las que sean necesarias para minimizar los riesgos.
En 2015, cuando suspendió el uso del glifosato, el Gobierno de Santos lo hizo en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente.
Posteriormente, en 2017, la misma Corte suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales. En marzo del año pasado, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, calculó que los cultivos de coca en Colombia aumentaron en 2019 hasta alcanzar las 212.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína llegó a un récord de 951 toneladas; sin embargo, el Ministerio de Defensa anunció el pasado 31 de diciembre que en 2020 había logrado erradicar 130.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos.
El Gobierno, por medio del ministro de Defensa, Diego Molano, asegura que la fumigación aérea, cuando se reanude, se hará con precisión para evitar daños a la salud, el medioambiente y a los cultivos de subsistencia cercanos a las zonas de aspersión.
También ha explicado que la fumigación aérea se realizará únicamente donde hay cultivos extensivos, industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley, y también fuera de parques naturales y lejos de humedales, manglares, cuerpos de agua y centros poblados.
Al contrario a la aspersión, el decreto implica poner en marcha una política pública que a corto plazo no va a dar resultados. Resulta llamativo los pasos que da el Gobierno que se tomó tres años para sacar adelante esta iniciativa y hasta ahora logró encontrar un punto intermedio entre los requerimientos de la Corte Constitucional y el programa de Gobierno, lo cual es sorprendente.
Establecer una estrategia tan polémica, cuyos resultados son muy debatibles cuando al presidente Iván Duque le quedan solo 16 meses de mandato, muestra un grado o de incompetencia o de falta de olfato político, ya que los primeros resultados se verían después de que termine su periodo presidencial.