Desde que comenzó el proceso de paz en el país, durante el pasado gobierno nacional, uno de los sectores que más quedó desprotegido, fueron las víctimas, que, a pesar, de tener un papel protagónico en ese entonces, no recibió la debida atención siendo relegados a un segundo plano, sin justicia y sin reparación.
Ahora, el presidente Duque pidió lo que le faltó al proceso de paz viciado de nulidad debido al rechazo que recibió del pueblo colombiano, justicia para las víctimas de los grupos armados, sanciones ejemplares para sus victimarios y clamó que no haya impunidad para ellas ya que se considera que eso es lo que provoca más violencia en el país y por lo tanto no hay reparación ni olvido.
El anhelo de justicia es lo mínimo a lo que puede aspirar una víctima, cuando ha visto reclutamiento de menores, abusos sexuales de toda índole, esclavitud sexual, ultrajes y crímenes deleznables en el territorio.
En Colombia hay 9.113.500 víctimas, casi el 18 % de la población colombiana, que incluyen cinco millones de personas desplazadas, casi 12.000 víctimas de minas antipersona, y al menos 80.000 desaparecidos forzosos.
En ese orden de ideas, las sanciones deben ser ejemplarizantes y proporcionales contra los victimarios, pues las sanciones decorativas solamente le agregan más dolor y revictimizan a quien ha sido lacerado por la violencia. Cuando la impunidad se impone termina siendo partera e incubadora de nuevas formas de violencia, porque siempre existirá la idea de que es el poder ensordecedor de los fusiles el que termina abriendo la posibilidad de negociar términos y condiciones con el Estado.
El partido político Centro Democrático, ha sido uno de los principales críticos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016 y que busca que los acusados se responsabilicen de sus crímenes a cambio de penas que no incluyen cárcel sino otro tipo de sanciones.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, también conocida como Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las Farc-Ep, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado interno en Colombia y se
La JEP, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, está vigente en Colombia desde marzo de 2017 cuando fue aprobado en el Senado y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP el 24 de noviembre de 2016 y su creación fue pactada en el marco de los Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP como sistema de rendición de cuentas con el objetivo principalmente de satisfacer los derechos de las víctimas, con la tarea de esclarecer en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos para poner punto final a más de medio siglo de conflicto armado; sin embargo, a pesar de haber sido constituida para la reparación, la verdad y la justicia, desde su creación ha sido cuestionada por la ineficacia en su funcionamiento, la falta de sanciones para que recaiga todo el peso de la ley sobre los alzados en armas, que hasta hoy no han reparado ni muchos menos han pedido perdón por tantas atrocidades cometidas durante mas de 50 años de violencia en el país.
