Colombia acusó al gobierno de Venezuela de intentar mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, cuando en realidad este país es cómplice de resguardar grupos narcotraficantes, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln y disidencias de las Farc, que desde territorio venezolano aprovechan para planear todos sus actos criminales, realizarlos en suelo colombiano y después ir a esconderse en Venezuela.
Recientemente esta dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de la lucha contra el crimen que lleva a cabo Colombia, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad; por el contrario, Maduro gobierna bajo un manto de duda de constitucionalidad, que lo ha mantenido todos estos años en el poder.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas como el Eln y disidencias de las Farc que por años han tenido refugio en Venezuela y la comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis, reflejados en el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad.
Si hay un gobierno interesado en ayudar al pueblo colombiano, en su proceso de éxodo que vive en la actualidad, es el gobierno colombiano, que en un hecho sin precedentes, le dio la mano a mas de dos millones de venezolanos, a poner en practica el Estatuto Temporal de Protección, una decisión inédita en la historia que posiciona a Colombia como líder en la ayuda humanitaria, y que implica la regularización de 1,7 millones de migrantes venezolanos.
La decisión del Gobierno Nacional de crear el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes venezolanos es la política de migración más importante en América Latina y el Caribe; además es una decisión histórica para la región y el mundo, fundamentada en los principios de solidaridad, fraternidad y equidad que rigen la política migratoria colombiana.
El Estatuto es un avance determinante hacia el objetivo de tener una migración ordenada, regular y segura, que beneficie a la población migrante, y además contribuye al desarrollo de nuestro país, ya que se va a tener un entorno de mayor protección de los derechos humanos de los migrantes, que haga posible su integración social y económica, y fortalezca sus relaciones con las comunidades que los acogen.
Ante la crisis migratoria, Colombia seguirá teniendo una respuesta de solidaridad y hermandad histórica con la convicción de que son cientos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas que merecen un mejor futuro. Con esta medida, se podrán fortalecer las políticas públicas de asistencia humanitaria, y de inclusión social y económica; se reducirán riesgos de explotación y vulneración de derechos; y se avanzará en la legalización de la permanencia de estas personas en el país con todos los beneficios que esto trae en materia de desarrollo para Colombia.
Y, ahora, justamente las declaraciones del gobierno colombiano llegan luego de que el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, Diosdado Cabello, se refiriera al conflicto armado que ocurre desde el pasado 21 de marzo entre las Fuerzas Armadas de su país y presuntos disidentes de las Farc en el estado de Apure, fronterizo con Colombia.
Los enfrentamientos han causado el desplazamiento forzado de más de 4.700 personas, que han cruzado la frontera desde Venezuela y han recibido atención en albergues instalados en la localidad colombiana de Arauquita, que pertenece a Arauca.
Es esencial mantener la presión diplomática internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela y asegurar que no haya impunidad frente a las múltiples denuncias de crímenes del régimen ilegítimo.