La inversión social en los territorios afectados por la violencia, la reparación de las víctimas y la reincorporación segura de los exguerrilleros son pilares para que Colombia consolide la paz, que sea real, verdadera y sólida, no como la que dejo el expresidente Juan Manuel Santos, que sirvió para legalizar a los grupos alzados en armas, quienes le hicieron ‘conejo’ a los colombianos y ahora delinquen, principalmente, desde Venezuela en donde son cobijados por el presidente Nicolas Maduro.
Los enormes desafíos que enfrenta el país en la implementación de la paz no serán superados en su totalidad durante el actual gobierno que está haciendo todos los esfuerzos para que Colombia pase la página de la violencia y garantice a las víctimas verdad, justicia, reparación y no repetición, acciones que están evadiendo los guerrilleros a toda costa y que con la complicidad de algunos órganos de justicia, están logrando su objetivo de no responder por sus acciones criminales.
La paz con legalidad busca también sanar una fractura innecesaria y abrupta que se creó en nuestro país y la construcción de ella no le pertenece a ninguna ideología, a ningún partido, sino que es un propósito de nación, para asegurar que todos los colombianos victima de la violencia, sean reparados en su dolor.
Esa es la realidad de la paz en Colombia, que se consigue con la asignación de los recursos necesarios en los territorios golpeados por la violencia. Durante el año 2020 se destinó más de 9 billones de pesos, para el cumplimientos de la implementación de la paz con legalidad y para este año serán más de 10 billones de pesos con ese fin de conseguir la paz.
Por su lado las víctimas del conflicto armado están en el centro de la agenda nacional, por lo cual durante el Gobierno prorrogó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años, y ya han sido indemnizadas individualmente más de 200.000 víctimas y unas 750.000 han superado la situación de vulnerabilidad, hechos sociales y concretos que construyen una paz verdadera, aunque falta camino por recorrer, el gobierno está en una senda de cumplimiento y acción de estos principios en los territorios.
Y por último, y con respecto a los asesinatos de al menos 250 ex guerrilleros de las antiguas Farc, uno de los mayores lastres de la implementación del acuerdo de paz firmado con esa guerrilla en 2016, el país ha enfrentado un desafío grande en ese aspecto, considerando es un deber que cumplir tener una herramienta de protección para los exguerrilleros.
Se ha visto asesinatos de excombatientes que han sido perpetrados, en su gran mayoría, por grupos armados criminales vinculados al narcotráfico, a la extracción ilegal de minerales y que además tienen estructuras de terrorismo; sin embargo; esto no es óbice para la protección de los exguerrilleros que se ha fortalecido con 279 esquemas de seguridad que benefician a 424 de ellos y con un mayor seguridad en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr.
Para dar solución a lo que en su más reciente informe sobre la situación en Colombia la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó como "una violencia endémica", es con seguridad, justicia y ante todo con inversión social, en los municipios históricamente afectados por la violencia, que el país puede construir un nuevo capítulo.
El gobierno tiene en marcha los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, y hoy son una realidad que en los casi tres años del actual gobierno se han desarrollado más de 1.000 obras y se han destinado casi 5 billones de pesos para su implementación en los 170 municipios priorizados.
El Gobierno ha cerrado brechas en términos de acceso productivo a la tierra, otorgando escrituras y recursos a familias en condición de vulnerabilidad, y han sido recuperadas más de 58.000 hectáreas que hoy benefician a unas 24.000 víctimas del conflicto; además el Gobierno ha invertido más de 900.000 millones de pesos, en las familias que integran el programa de sustitución de cultivos ilícitos y que casi 100.000 de ellas se han beneficiado en 56 municipios, mientras que se han sustituido más de 44.000 hectáreas.
