En defensa de los menores de edad

Editorial
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Y siguen las denuncias en contra de los actos delincuenciales de los grupos alzados en armas, no lo que evidencia el fracaso del proceso de paz, finalizado por el anterior gobierno nacional. Ahora el turno fue para las voces autorizadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que presentó pruebas ante varios organismos judiciales contra el Ejército de Liberación Nacional, Eln, disidencias de las extintas Farc y las propias FARC antes de que se desmovilizasen por el reclutamiento forzoso de menores.

La Corte Constitucional admite que es un hecho comprobado que el reclutamiento forzado de menores de edad —niños, niñas y adolescentes— es una práctica criminal en la que incurren en forma extensiva, sistemática y habitual los grupos armados ilegales que toman parte en el conflicto armado en Colombia y l reclutamiento de menores por grupos al margen de la ley en Colombia es una de las prácticas más nocivas y crueles que cometen los grupos ilegales ...

La primera demanda, presentada ante la Fiscalía por los hechos más recientes, corresponde al reclutamiento forzoso de 464 niñas y adolescentes por parte del Eln y disidencias de las Farc entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021 en un primer documento que habla de los reclutamientos realizados desde el año 2016 tanto por el Eln como por los distintos Grupos Armados Organizados residuales, Gaor, que suman más de 465 expedientes en el Icbf.

Los niños que recién se desvincularon pueden presentar alteraciones del pensamiento, retraimiento, ansiedad, depresión, problemas de conducta, de atención y concentración debido a que la población infantil ha sido la principal víctima del conflicto armado en Colombia y, los principales derechos que se ven vulnerados por el flagelo de la violencia armada son el derecho a la paz y el derecho a la libertad.

Ante la Fiscalía, también se entregó un segundo documento con información para establecer el proceso frente a los más de 1.288 casos de reclutamiento forzoso de menores por parte del ELN desde 1999. Desde 1999 se ha abierto más de 6.931 procesos administrativos de restablecimiento de derechos; estos son expedientes de niños y niñas colombianos que han visto truncado su futuro, sus proyectos de vida y sus sueños, ya que los violentos solo piensan en la violencia para sembrar miedo y temor en la población colombiana y por ellos se debe buscar que haya sanciones ejemplarizantes porque aquí hay hechos recurrentes, un fenómeno aceptado y además oficializado por las cabecillas de los grupos alzados en armas que se ha visto, de manera estructurada, desnaturalizada la figura humana desde muy chiquitos de estos menores, cuyos derechos protege el Icbf

Por tanto, esta misma institución presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el órgano creado por los acuerdos de paz para juzgar los crímenes ocurridos durante el conflicto armado con las Farc, un informe con material probatorio para el caso 007 el cual defiende los derechos de los niños en el país y lucha contra el reclutamiento forzoso de los menores con esta guerrilla que firmo, supuestamente, la paz durante el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos. Este es uno de los macrocasos, abierto en marzo de 2019, por la JEP que trata el reclutamiento y uso de niñas y niños por partes de la extinta guerrilla, y en el que inicialmente se han identificado al menos 8.000 hechos victimizantes, una cifra aún preliminar, pues los organismos, como el Icbf, siguen aportando pruebas ya que el reclutamiento y la utilización de niños y niñas no solamente portando armas sino siendo utilizados en el conflicto armado interno, ya sea como correos, como cocineros, como mensajeros, constituye graves violaciones de sus derechos humanos..

El mayor número de reclutamientos se reportaron entre 1997 y el 2000, entre los que figuran más de 500 niños de pueblos indígenas; además, en este sentido, la Fiscalía inició investigaciones en 4.219 casos, pero solo se han dictado diez sentencias, lo que muestra el ámbito enorme de impunidad en esta materia.

Junto con el del Icbf, la JEP ha recibido 32 informes de víctimas y entidades del estado, y se ha llamado a declarar a 37 exjefes de las Farc que están vinculados a este caso, que no implica solo el propio reclutamiento, sino también en algunos casos torturas, abusos sexuales, abortos forzados, desapariciones y fusilamientos.


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