La Policía ha allanado sedes de organizaciones humanitarias y aprisionado a algunos de sus trabajadores, mientras la Organización de las Naciones Unidas, ONU, recortó la financiación a las ONG y el Parlamento prepara normas para regularlas; quienes ayudan a los más necesitados en Venezuela no tienen duda: están bajo ataque.
Todo esto ha ocurrido en cuestión de semanas, en las que el chavismo gobernante subió el tono en contra de las organizaciones no gubernamentales, convertidas en enemigas de la llamada revolución bolivariana. El acorralamiento se produce, además, justo cuando el 80 % de la población se encuentra en pobreza extrema o, como lo expresa la ONU, millones de venezolanos tienen necesidades humanitarias urgentes.
Mantener el hostigamiento y la criminalización de la ayuda humanitaria tiene un único perjudicado: las personas más vulnerables. Este tipo de acciones hace que sea cada vez más difícil el trabajo para desplegar el plan de respuesta humanitaria aprobado por la ONU, que contemplaba 762 millones de dólares solo para el año 2020. Naciones Unidas, no tiene las capacidades en Venezuela para distribuir toda esa ayuda y por eso trabaja con decenas de ONG locales que tienen vinculación con las comunidades y son las que asisten a los más desfavorecidos en temas como alimentación, agua, energía, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
Las detenciones y los señalamientos que han sufrido los actores humanitarios terminaron por aliar a estas organizaciones que ven en las últimas acciones a un Gobierno que no quiere que se conozca ni divulgue la dramática situación actual de los venezolanos.
Ahora, en este 2021, se intenta silenciar las voces de la sociedad civil, quienes se van a continuar hablando sobre lo que pasa en Venezuela, hablan con los medios de comunicación, con los periodistas, líderes sociales y de defensores de derechos humanos.
Con la misma vehemencia, decenas de trabajadores humanitarios y organizaciones locales se han manifestado, con protestas callejeras y numerosos mensajes en las redes sociales, para exigir que cese lo que consideran una persecución judicial y gubernamental.
En esta cruzada, las ONG locales han contado con el respaldo parcial de la ONU, que por un lado se ha sumado a las voces que piden la excarcelación de los activistas detenidos en Zulia y por otro lado suspendió el programa de transferencias monetarias con el que miles de familias recibían dinero para gastos básicos.
Aunque Naciones Unidas asegura que esta decisión solo afecta a un porcentaje reducido del plan de respuesta humanitaria, los defensores alegan que se trata de millares de venezolanos a quienes les arrebataron su único sustento.
Del otro lado del relato, el chavismo, que ahora ejerce poder desde el Parlamento, ha ofrecido una nueva legislación para sancionar a las ONG venezolanas que reciban dinero de Estados Unidos, bajo el argumento de que son parte de la conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque hasta ahora se desconoce el alcance de esa eventual ley, debido a este cerco y a todas las presiones, algunos trabajadores humanitarios van a terminar siendo víctimas de miedo, mientras las organizaciones experimentarán deserciones de personal, reorientarán su accionar o dejarán de funcionar.
