La situación no es fácil para el gobierno nacional, ni para los inmigrantes venezolanos que atraviesan las fronteras en busca de una oportunidad de vida y bienestar en los países vecinos a su tierra natal, que sufre las consecuencias de un gobierno dictatorial desde hace más de 14 años.
Según datos revelados el 85 % de los hogares venezolanos en Colombia aseguran tener dificultades para conseguir alimentos y un 68 % dicen tener obstáculos para lograr vivienda, por parte de personas procedentes de Venezuela que se han asentado en 24 de los 32 departamentos de Colombia.
A esta situación de la vivienda se le añade también una o peor; el 65 % de estos hogares consumen dos comidas al día o menos, y una de cada tres de estas familias ha tenido que pedir dinero en la calle para comprar alimentos. Igualmente, el 49 % de los hogares encuestados manifestaron que no tienen asegurado un lugar para vivir el próximo mes; en tanto, el 86 % de la población encuestada que trabaja recibe menos de un salario mínimo, y el 56 % no está afiliada al sistema de salud.
Esta triste realidad no escapa también de la situación de muchos colombianos, que también la viven y la padecen haciendo aún más difícil para los venezolanos la oportunidades, porque desafortunadamente, primero hay que atender a los nacionales de este país., sin que sea óbice para tender la mano a cualquier otro extranjero.
La evaluación realizada permite identificar los avances logrados por el Gobierno colombiano y también deja ver los desafíos que persisten para atender de manera adecuada y oportuna a las personas refugiadas y migrantes con vocación de permanencia en Colombia, en donde hay que destacar, en esa evaluación, la información sobre el número de personas que aceptan trabajos que representan un riesgo para su integridad, que están asumiendo deudas para poder cubrir el costo de una vivienda. De igual forma, arroja datos importantes sobre los que no tienen herramientas para que sus hijos accedan a la educación virtual y aquellos que no han logrado obtener estatus regular o que han sido discriminadas por su nacionalidad.
Los hallazgos de esta evaluación permiten buscar alternativas para la regularización de la población venezolana y deben ser tenidos en cuenta para desarrollar rutas para la protección de los refugiados y migrantes, crear espacios de atención integral para la población y ofrecer oportunidades de integración socioeconómica, más cuando a noviembre de 2020, según Migración Colombia, 1,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas estaban en el país buscando protección, asistencia humanitaria y oportunidades de integración.
Para ajustarse a las particularidades de la emergencia, se hace necesario tener en cuenta las evaluaciones de necesidades el año pasado, cuyos datos contribuyeron a la readaptación de la respuesta de acuerdo con los nuevos desafíos surgidos de la pandemia del coronavirus.
A octubre de 2020, con el soporte de estas evaluaciones, el gobierno colombiano, con mucho esfuerzo atendió 1,5 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, colombianas retornadas y aquellas que hacen parte de las comunidades de acogida.
Hay que reconocer la labor adelantada por las autoridades nacionales que también apoyaron a más de 1,4 millones de personas con alimentación; a 565.000, en atención en salud; a 234.000, en acceso a vivienda, artículos de hogar y transporte humanitario; y a 37.000, con acciones de integración socioeconómica, como iniciativas de empleo o emprendimiento.
Darle de comer, vivir, educarse y tener una forma de vida decente a estos inmigrantes no ha sido tarea fácil y seguramente ha sido motivo de críticas por los detractores del gobierno nacional, que ha cumplido en la medida de sus capacidades y que, a pesar de todo, sigue comprometido con ayudar a los migrantes que llegan a nuestro país.