Tras varios meses de desplome en la demanda, el sector pesquero latinoamericano cierra 2020 con la mirada puesta en tres desafíos: el impacto de la pandemia, el futuro de los cuestionados subsidios que promueven la sobreexplotación y el riesgo que supone una megaflota china sospechosa de realizar pesca ilegal en sus costas.
Aunque Latinoamérica cuenta con una industria productiva -representa un 7 % de la producción pesquera y acuícola global con unos 14 millones de toneladas anuales-, la región encara un retroceso que se acentuó este año con la crisis sanitaria y el repunte de la pesca ilegal.
De acuerdo con la ONU, el efecto ha sido diferente en Latinoamérica debido a que la captura en aguas marinas representa el 80 % de su producción, con Perú, Chile y México a la cabeza, mientras que en el resto del mundo la cantidad de pescado que se extrae y que se cultiva es casi la misma; de ahí que el impacto se haya sentido de manera destacada en la pesca extractiva industrial por la interrupción de la circulación normal.
Además, la crisis afectó la demanda, disminuyendo el consumo de productos frescos y aumentando el de productos más baratos y conservas, como el atún enlatado, con una reducción drástica de las exportaciones de pescados y mariscos de la región.
Ello condujo a un alza significativa de costos ya que la baja demanda obligó a extender el tiempo de almacenamiento y disparó los gastos de "congelar el producto en el caso de la pesca o mantenerlo en estanques en la acuicultura".
El coronavirus facilitó también la pesca ilegal y aumentó las sospechas sobre el movimiento de embarcaciones extranjeras, en especial el de una recurrente megaflota china.
La pesca ilegal mueve anualmente un volumen de 26 millones de toneladas, que equivalen al 15 % de la producción mundial registrada y a un valor de 23.000 millones de dólares, un negocio ilícito que ha afectado especialmente a Perú, Chile y México, así como a Argentina, Colombia y Ecuador.
Este último país fue, precisamente, el detonante de una alarma regional este año por la presencia de casi 300 embarcaciones de bandera china en las proximidades de la zona económica exclusiva (ZEE) de las islas de Galápagos.
Aunque desde hace varios años esa flota repite un recorrido, de ida y vuelta, que va desde el Atlántico Sur, frente a Argentina, hasta Galápagos, pasando por Chile y Perú, para pescar pota o calamar gigante, los Gobiernos incrementaron su atención este año por un mayor temor a incursiones ilegales.
De hecho, Chile, uno de los grandes exportadores mundiales de productos de mar, con gran parte de sus aguas protegidas y que prohibió en 2019 la pesca de arrastre del calamar, advirtió que 11 naves pesqueras chinas de esa flota estaban navegando por su ZEE. Mientras está en aguas internacionales, la flota no está cometiendo en la formalidad ningún delito, el problema es que nadie sabe cuánto ni cómo pesca.
A la situación de incertidumbre del sector se añadió esta semana el nuevo limbo en las negociaciones para la eliminación de ayudas a la pesca que contribuyen a la sobreexplotación, discusiones que comenzaron hace 20 años y que tenían como plazo no vinculante de cierre este 2020.
Luego de 20 años de negociaciones, la OMC no ha logrado ponerse de acuerdo en lo que significa la palabra 'pez'. No se cumplirá el mandato de la ONU de poner fin a los subsidios a la sobrepesca y pesca ilegal.
Mientras el negocio pesquero mueve anualmente hasta 146.000 millones de dólares, las cuestionadas ayudas alcanzan al menos los 20.000 millones de dólares, y los países que aportan más subsidios son Estados Unidos, Japón, China y los países occidentales de la Unión Europea.
Latinoamérica, liderada por Argentina, Chile, Colombia y Perú, ha insistido en que se prohíban los subsidios que contribuyan a la captura abusiva o estén relacionados con la pesca ilegal, al argumentar que gran parte de esas ayudas se destinan a la pesca de gran escala, perjudicando el acceso al recurso y la subsistencia de los pescadores artesanales.
