Cada vez golpea mas

Editorial
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Venezuela terminará noviembre con 36 meses de hiperinflación a cuestas, un escenario que, más que un problema, identifican como el mayor síntoma de las distorsiones de la economía del país caribeño.Aunque no hay consensos entre los especialistas sobre cuándo la nación petrolera abandonará este estado de alta inflación, todos coinciden en responsabilizar al Gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro y a sus políticas fiscales por la acuciante pérdida del valor de la moneda venezolana.

Aunque Venezuela entró en hiperinflación en noviembre de 2017, los precios comenzaron a subir con fuerza desde 2014, cuando el país vio recortado su flujo de caja por el desplome de la cotización del petróleo y comenzaron a caer las importaciones, un hecho que dio paso a una severa escasez de alimentos básicos y medicinas.

La financiación -desde 2014- del enorme gasto público del Estado venezolano, a través del Banco Central, fue el combustible que prendió fuego a la hiperinflación en el país; la Administración de Maduro respondió al rampante aumento de la inflación con más emisión de dinero y un estricto control de precios, dos medidas que intentaban apagar el fuego con gasolina.

La hiperinflación redujo a mínimos los ingresos reales de los trabajadores venezolanos, que perciben salarios, en algunos casos, de millones de bolívares que representan apenas un puñado de dólares y lo que ha hecho es que el salario mínimo del venezolano, que llegó a estar en 200-300 dólares, más o menos igual que en cualquier país de América Latina, en este momento sea de menos de un dólar.

El salario mínimo -de 400.000 bolívares o 0,51 dólares, y que perciben pensionistas y empleados públicos- solo compra el 0,72 % de la canasta alimentaria, lo que condena a millones de ciudadanos a la miseria. La consecuencia de la hiperinflación es que los venezolanos rechacen cada vez más los locales bolívares, una moneda que ya no cumple las funciones del dinero.

La cada vez mayor inutilidad del bolívar lleva a los ciudadanos a la compra de dólares, un hecho que a su vez resta más valor al signo local. El colapso de los servicios públicos, la escasez de combustibles y la dificultad para acceder a materias primas encarece los productos y servicios, algunos de mala calidad y notablemente más caros que sus pares de la región.

La falta de transporte, de combustibles, es algo que se tiene desde hace varios años en varios estados del país, los problemas de electricidad, de telecomunicaciones, generan costos de producción, de distribución, que no se tenían antes. Además, el masivo éxodo de profesionales destruyó el tejido y las capacidades productivas del país, otro hecho que encarece los costos de las empresas que se mantienen a flote en medio de la crisis.

El Gobierno debe cesar inmediatamente la emisión de dinero inorgánico y apretarse el cinturón fiscal, algo que el mandatario Maduro prometió cuando lanzó un paquete de medidas económicas en agosto de 2018; pero, las decisiones de Maduro para frenar el alza de los precios han sido tímidas, tardías y completamente insuficientes, y no se enfocan en acabar con las causas reales de la hiperinflación.

Desde 2016, el Parlamento venezolano, que controla la oposición, fue declarado en desacato por el Supremo, un órgano al que el antichavismo acusa de estar alineado con los deseos de Maduro. Por ello, el mandatario, en el poder desde 2013, no ha presentado el presupuesto ante el Legislativo desde hace 4 años, como ordena la Constitución, ni informa a este poder sobre el uso de los recursos.

Para controlar la inflación se deben restablecer los derechos económicos de los venezolanos, que fueron cortados no solo por Maduro, sino por su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez. La economía venezolana, desde que llegó Maduro al poder, hace 7 años, se ha destruido un 92 %, esta hiperinflación fue provocada deliberadamente para destruir el salario del trabajador y mantener a Maduro en el poder.


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