Un sistema que urge reajustes

Editorial
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El envejecimiento, los menores valores y la crisis por la Covid-19 amenazan la viabilidad de los sistemas de pensiones en varios países de Latinoamérica, que se inspiraron en el modelo chileno puesto en marcha hace 40 años.

En los últimos años están habiendo numerosas protestas que están conduciendo a una nueva reforma del sistema, ya que las pensiones que se reciben son muy bajas en relación al nivel de vida actual, lo que lleva a riesgo de extrema pobreza a quienes se han jubilado bajo un sistema que aparentemente les iba a proporcionar una jubilación digna. En los 90, la esperanza de vida en la región, según el Banco Mundial, era de 68,3 años, pero ahora es de 75,4, lo que incide en los rendimientos finales de los fondos privados o públicos. Más de 8 % de la población tiene 65 años o más, pero para 2050 se estima que la cifra se duplicará hasta llegar al 17,5 %. Por otra parte, la pandemia hace su preocupante aporte. La Organización Internacional del Trabajo, OTI, calcula que hasta octubre se perdieron 34 millones de empleos a causa de la Covid-19; a ello se suma que en Latinoamérica, el 63 % de la población activa trabaja en la informalidad.
Hay que tener en cuenta, que, primero, todos los adultos mayores deberían contar con un ingreso mínimo suficiente. Segundo, el componente contributivo de las pensiones debe estar equilibrado en términos financieros para ser sostenible. El tercer lineamiento se refiere a aspectos más específicos del diseño de las pensiones con un foco especial en los incentivos para aportar que ofrecen los distintos sistemas para aumentar la cobertura y los aportes.

En Latinoamérica coexisten dos sistemas: uno en el que se aporta a un fondo público en el que se recibirá una pensión según el promedio de remuneraciones, semanas trabajadas y la edad; y el otro de ahorro individual, en el que se consigna a un fondo personalizado privado  y se retiran los rendimientos hasta la edad establecida.

En Chile cada trabajador aporta un 10 % de su sueldo a un fondo personalizado privado, del que puede disponer cuando se jubila, 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Brasil aprobó en 2019 una reforma que prevé ahora una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.
En Perú coexisten reparto desde 1994. El público tiene alrededor de 4 millones de afiliados y el privado más de 6 millones. En ambos la edad de jubilación es de 65 años.

El sistema dual de pensiones rige en Colombia desde 1993. Para pensionarse en el público se requiere tener 1.300 semanas de cotización y 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. El privado exige acumular un capital que permita al afiliado tener una pensión equivalente al 110 % del salario mínimo, 877.803 pesos, 226,8 dólares o cumplir los requisitos para la garantía de pensión mínima. En septiembre, el Banco de la República advirtió que aunque la cobertura pensional ha crecido un poco en los últimos años, sigue siendo baja; Colombia invierte el 4,4 % de su PIB en el gasto público para pensiones.

En Argentina, que invierte el 10,6 % de su PIB, el sistema de pensiones es estatal desde 2008. En el país hay 5,6 millones de pensionados, con una jubilación promedio de 33.649 pesos, 403 dólares, aunque la mínima, que cobran 2,6 millones de jubilados, es de 18.125 pesos, 217 dólares, mientras que hay 11,8 millones de trabajadores en activo registrados y la remuneración promedio de los asalariados privados era, según datos de julio pasado, de 47.722 pesos, 571,5 dólares. La edad mínima para jubilarse en Argentina es 65 años para hombres y de 60 para mujeres, siempre y cuando cuenten con al menos 30 años de aportaciones al sistema.

En México, donde el gasto en pensiones con respecto al PIB es del 2,96 %, sólo uno de cada cuatro mayores de 65 años recibe una jubilación contributiva. La iniciativa promete aumentar de 34 % al 82 % la cobertura de trabajadores con pensión garantizada y elevar de 56 % a 97 % el número de activos con derecho a pensión, además de reducir el requisito de 25 años de cotización a sólo 15 para acceder a pensión. 


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