130 años de atraso

Editorial
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Los venezolanos pasan media vida a oscuras, una imagen que es la mejor muestra de la crisis energética que vive el país. Del otro lado, hay una industria, la eléctrica, que ha puesto un pie en el siglo XIX y que supone, además, el principal lastre para la reactivación económica.

Es el efecto más visible, sin duda. Ciudadanos a oscuras que deben abandonar el metro en medio de un apagón o esperar pacientes a la luz de las velas, pero hay también toda una industria que ya no puede trabajar, que no tiene energía que la ponga en marcha y que, por si fuera poco, cuenta como eje vertebral con uno de los sectores que más electricidad necesita para funcionar, el petrolero. Por eso, los políticos venezolanos de uno y otro signo se empeñan en augurar una recuperación casi mágica, imposible para los expertos para los que son promesas vacuas.

Venezuela está 130 años atrás, a finales del siglo XIX. Es impactante y para comprender la agonía actual del sector hay que observar que se estima que la capacidad termoeléctrica activa está entre 1.500 y 2.000 megavatios, cuando la instalada es de 15.000 megavatios, es decir, apenas un 10 %. El problema, es circular, porque si la industria petrolera no extrae crudo y este no se refina, no se puede obtener diesel termoeléctrico.

Por otra parte, está la hidroelectricidad, que en Venezuela, cuenta con un gran privilegio: el río Caroní, en el cual está instalada una capacidad de cerca de 15.000 megavatios, particularmente en el Guri, una de las mayores centrales del mundo. Solo esa central abarca 10.000 megavatios instalados, a la que se suma Caruachi, con 2.200, y Macagua, con otros 2.300. En total, suman 15.000 megavatios instalados. Sin embargo, los datos que nunca son hechos públicos por las autoridades, dicen que actualmente solo tienen una capacidad real de 6.500 megavatios, a los que se suman los de la termoeléctricidad más para alcanzar unos 8.500 en total.

Según las estimaciones, la demanda de energía venezolana está en unos 12.000 megavatios, por lo que la generación eléctrica venezolana alcanza para cubrir el 70 % de la demanda, aproximadamente.

El PIB venezolano cayó un 65 % entre 2014 y 2019, una caída devastadora que ha dejado al país prácticamente sin industria o comercio. Los cálculos que hacían a comienzos de siglo, para estas fechas, sería de unos 25.000 megavatios, en caso de que la actividad económica se mantuviera. Sin embargo, hoy es de 12.000, la muestra más elocuente del descalabro productivo hay una demanda residencial, cuatro bombillos para alumbrarse, pero no hay electricidad para producir bienes. Esto implica que quien quiera abrir una fábrica del tipo que sea en Venezuela se enfrentaría en primer lugar a una disyuntiva fundamental: no tiene energía para ponerla en marcha.

Por eso, Venezuela está en un punto como a finales de 1800, cuando comenzó la electricidad en el país y tuvo que ir adaptándose progresivamente a las diferentes fábricas que comenzaron a abrir.

Se estima que la reactivación del sistema eléctrico venezolano tendría un costo estimado de unos 15.000 millones de dólares, con una variación que lo podría elevar hasta los 18.000 millones. En todo caso, un programa preliminar establece para la recuperación en unos 36 meses, es decir, 3 años, teniendo como base los activos prioritarios de generación térmica y que incluye los más importantes para la empresa estatal Pdvsa. Por tanto, toda promesa política que no aborde estos dos factores de tiempo y de inversión parece, cuanto menos, ilusorio.

El sabotaje, el ataque imperial y el boicot son los tres enemigos favoritos del Gobierno de Nicolás Maduro. A ellos culpa de la situación del sistema eléctrico, pero son solo tres excusas que no tienen base ni científica ni en ingeniería ni tecnológica. El sistema sencillamente lo arruinaron, con un doble propósito: Robar dinero induciendo una crisis eléctrica y domesticar a la población. Como ejemplo, esta la central de Tocoma, que nunca fue terminada; tenía un costo estimado de 2.500 millones de dólares, debía estar terminada en 2007 y fue sobrefacturada en cerca de 15.000 millones de dólares.

Lo que han buscado las autoridades venezolanas es aparentar que estaban resolviendo un problema, el de la falta de energía, cuando en realidad lo estaban agravando y, bajo esa excusa, políticamente logró domesticar la población, asfixiarla y financieramente logró excusas para robar.
Y mientras tanto, las fábricas siguen paralizadas y los ciudadanos a oscuras, como los abuelos o bisabuelos de la mayoría de quienes hoy pisan el planeta.