La protesta social no puede ser motivo para convocar marchas cívicas en donde se confundan sus objetivos con la violencia, el vandalismo, destrucción, ataques, arremetidas y agresiones contra otras personas, bienes de uso público y común, instituciones, edificaciones y hasta la misma la fuerza pública.
La indignación que causaron en el país las imágenes de dos policías que mediante el uso desmedido de la fuerza y de una pistola eléctrica táser intentaban arrestar el miércoles pasado a Javier Ordóñez, de 46 años, quien falleció poco después en un hospital, ha puesto en debate los métodos de los uniformados, para garantizar la calma en el país y en situaciones como estas.
Después de días de desórdenes y ataques contra 60 instalaciones policiales que costaron la vida a diez personas en Bogotá y a tres en la vecina localidad de Soacha, que todo indica no participaban en las protestas, hay que analizar con serenidad la situación para evitar que estas protestas se vuelvan tan peligrosas y desafortunadas como el fallecimiento del abogado Ordoñez, en donde la justicia colombiana debe actuar con rigor e investigar los hechos sucedidos y expresar su veredicto basado en equidad, imparcialidad y rectitud para que los responsables respondan ante la ley.
En este orden de ideas se debe hacer una análisis a conciencia ya con los implicados sometidos a la ley y separar las reacciones que generó este hecho tan lamentable. En primer lugar, la Policía Nacional no se debe reconocer en los graves hechos en los que murió Ordóñez porque no es su naturaleza ni política, por el contrario, su naturaleza es proteger la vida e integridad de los ciudadanos. En este hecho generado por unas personas tendrán que responder disciplinaria y penalmente ante las autoridades correspondientes y no confundir e identificar a todo el cuerpo policial por lo sucedido.
En segundo lugar, hay que actuar contra las voces incitadoras a la violencia y a toda clase de desmanes que puedan causar las manifestaciones encendidas por personajes que solo quieren afectar el orden social y económico de un país, por interés propio. Estas voces son tan o más peligrosas, que una persona disparando contra una multitud; es ahí en donde también debe actuar la justicia, por tan asesino es aquel que disparó, como aquel que es autor intelectual de un crimen. Ambos merecen la sanción judicial, penal y moral del crimen.
Ahora, hay que reconocer, que, en medio de este hecho tan lamentable, la Policía Nacional, ha actuado con eficacia y prontitud, poniendo a disposición de la ley a los implicados. Y también reconocer que pedir perdón es un acto de gallardía y honorabilidad, porque la humidad del perdón indica sensibilidad y hasta rechazo con los hechos en cuestión.
Y eso hizo el director encargado de la Policía, general Gustavo Moreno, cuando pidió perdón en nombre de la institución, por las agresiones que llevaron a la muerte de Javier Ordóñez, el hombre de 46 años que fue brutalmente reducido por dos agentes durante su arresto en la madrugada del miércoles en Bogotá. Lo hizo en nombre de todos los policías de Colombia, pidiendo a la familia de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, perdón; perdón por esas acciones que son objeto de investigación pero que de acuerdo a lo que se viene manejando, a todo lo que ha visto el país en las imágenes de televisión, se constituye en un actuar que no es propio de los policías de Colombia.
Lamentablemente este tipo de situaciones lesionan gravemente esa fe que deben tener los ciudadanos en su Policía, situación en la que debe trabajar arduamente el cuerpo policial para que no se vuelva a presentar.