La reforma a la justicia

Editorial
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La propuesta de revivir la reformar a la justicia, iniciativa planteada por varios ex presidentes, pero que ninguno ha podido llevar a cabo, toma vida nuevamente y ahora es apoyada no solo por el Presidente de la Republica, sino también por algunos partidos políticos, lo que sin duda será una base para comenzar con esta iniciativa en donde los colombianos están de acuerdo.

Hay un gran consenso en sectores políticos, en partidos, en la academia, y en muchas ciudadanas, especialmente en los pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia que corrija fallas y ese no es un tema de coyuntura es un tema estructural.

El partido Centro Democrático, creado por el ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez en 2014, va a plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones, iniciativa que se tenía desde comenzar el actual periodo presidencial, pero que se adelanta debido a que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el martes la detención domiciliaria del ex presidente Uribe, al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

Vale la pena anotar que el presidente Duque recordó en su discurso del pasado 20 de julio, con motivo de la instalación del periodo ordinario de sesiones del Congreso, que esperaba que en la nueva legislatura Colombia pueda avanzar hacia una reforma a la justicia porque en los 10 últimos años se ha intentado hacerlo sin lograrlo; se han  tenido varios intentos fallidos en los últimos 10 años, pero sin lugar a dudas más allá de la coyuntura, se requiere  una reforma para corregir fallas de la justicia.

Esas modificaciones deben estar encaminadas a que la justicia sea más cercana al ciudadano, le dé más confianza y tranquilidad y mantenga elementos de garantía para el ejercicio de la defensa, que se tenga garantías para que la justicia le permita a un ciudadano ejercer su defensa en libertad como primera línea.

Todas las discusiones desde el punto de vista de vehículos institucionales son válidas, estas propuestas están en la Constitución, también hay otras, y por supuesto el Gobierno se ha dicho con claridad que es una necesidad para Colombia hacer esas reformas.

En esa dirección, el Gobierno tendrá conversaciones con el Centro Democrático y otros partidos pues hay diferentes propuestas para reformar la justicia, pero hay que tener en cuenta que en este  proceso constituyente se involucra al constituyente primario, como primordial y determinativo en este proceso que es largo.

Por otro lado, en el Congreso se discuten desde tiempo atrás cambios para la Justicia Especial para la Paz, creada por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc. A los colombianos les duele que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia; esto con referencia velada a la guerrilla de las Farc, cuyos líderes no han recibido aún ninguna condena por los crímenes cometidos durante el conflicto armado por los cuales hay varios procesos abiertos en la Jep.

En el Congreso han existido bastantes propuestas de análisis de varios partidos para garantizar, primero que haya una diferenciación entre quienes están en un proceso de transición de la ilegalidad a la legalidad de quienes han defendido la Constitución y la ley.



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