Cuando aún espera llegar a un acuerdo con acreedores privados para canjear bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares, Argentina busca avanzar en otro de los capítulos clave de su abultada deuda pública, promoviendo una millonaria reestructuración de títulos en dólares emitidos bajo ley local.
Mientras las negociaciones con los acreedores externos llevan meses de complicadas idas y vueltas, la reestructuración de la deuda local en dólares se vislumbra más sencilla, pero requiere de la autorización por parte del Congreso, donde este jueves el proyecto será debatido en el Senado.
Aunque algo por debajo del volumen de deuda en negociación con acreedores privados externos, la cifra del canje local que Argentina se propone concretar es igualmente enorme: 41.714 millones de dólares correspondientes a 29 clases de bonos y letras nominados en dólares y emitidos bajo ley local, un monto equivalente al 12,5 % del PBI de Argentina.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un 35 % de esta deuda a reestructurar -unos 14.700 millones de dólares- está en manos de tenedores privados, mientras que el resto está en cartera de distintos organismos públicos, como el Banco Central o el Banco Nación, entre otros.
El Gobierno de Alberto Fernández promete dar a los tenedores de esos títulos un trato equitativo al que ofrece a los inversores con bonos de ley extranjera mediante una propuesta de canje similar a la que está en curso para estos últimos acreedores.
A los inversores se les ofrece en canje nuevos bonos en dólares de ley argentina con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041, menú al que se añaden dos bonos con vencimiento en 2026 y 2028, pero nominados en pesos argentinos y ajustados por un índice ligado a la inflación.
La quita de capital es de hasta el 3 % para los bonos a reestructurar emitidos desde 2014, pero nula para los anteriores a ese año y para aquellos inversores que opten por nuevos títulos en pesos.
Los nuevos papeles comenzarán a pagar intereses desde mayo de 2021 en el caso de los bonos en pesos y desde septiembre de 2021 en el resto de los títulos, con un cupón promedio del 2,4 % y una tasa máxima del 5 %.
La propuesta incluye un período de aceptación temprana de la oferta, dentro del cual se reconocerá a los inversores los intereses impagados hasta el 4 de septiembre próximo, mientras que a los que se adhieran luego solo se les reconocerán intereses corridos hasta el 6 de abril pasado.
Para quienes opten por no participar de la operación, se extiende el aplazamiento de los pagos de intereses y amortizaciones hasta el 31 de diciembre de 2021.
La propuesta incorpora además una cláusula que establece que quienes adhieran al canje se beneficiarán de cualquier eventual mejor oferta que se haga a los tenedores de bonos de ley extranjera dentro de los próximos cinco años.
A diferencia de lo que sucede con la reestructuración de los bonos de ley extranjera, para proceder al canje local no se requiere alcanzar ningún tipo de mayorías de acreedores ni umbrales mínimos de aceptación.
Analistas del mercado consideran que el proyecto de ley para la reestructuración local será aprobado sin demoras por el Parlamento y que el canje no encontrará mayores escollos.
El grado de aceptación del canje se cree que será alto, en el marco de una oferta que consideramos razonable dentro de los lineamientos generales de la coyuntura y la incapacidad de litigar en la Justicia internacional.
