Desde que comenzó el proceso de paz, se habló de verdad y reparación que a estas alturas no ha tenido dos de esas condiciones esenciales y prioritarias para que haya un proceso real; por lo tanto es necesario que la ex guerrilla de la Farc diga toda la verdad sobre el reclutamiento de menores, el paradero de personas secuestradas que todavía están desaparecidas y sus vínculos con el narcotráfico.
Estas tres condiciones deben seguir prevaleciendo y ser permanentes en lo que hay del proceso de paz ya que el país entero exige que se diga toda la verdad, que se haga justicia, que exista reparación y que no haya repetición por parte de quienes flagelaron por décadas al pueblo colombiano y hasta ahora no hay muestras de ello, que es lo más lamentable.
Eso implica que se conozca toda la verdad sobre el reclutamiento de menores y que también se impongan las sanciones ejemplarizantes a la luz del derecho internacional, porque también debe haber castigo para semejantes crímenes tan atroces, que bajo ningún punto deben quedar en impunidad.
El reclutamiento de menores ha sido uno de los flagelos más dolorosos que ha vivido el país crímenes que han conllevado a que los niños fueran despojados de su ingenuidad, despojados de su transparencia, despojados del afecto familiar para ser convertidos en máquinas de guerra, lavándoles el cerebro y convirtiéndolos en asesinos.
Según el informe “La guerra sin edad” del Centro Nacional de Memoria Histórica, un total de 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de todos los grupos del conflicto armado colombiano. El grupo que más lo hizo fue las Farc con un doloroso porcentaje de 54 % de los casos, seguido por los paramilitares con 27 % y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, al que se le atribuye el 10 %.
Las Farc siempre han negado que haya reclutado menores para sus filas, incluso la semana pasada la senadora de ese partido, Griselda Lobo, conocida como “Sandra Ramírez”, aseguró que no conoce ningún caso de reclutamiento forzado dentro de la guerrilla, afirmación que fue rechazada por varios sectores de la sociedad y que es una desfachatez total que raya en el límite en el respeto del dolor de los padres de esos miles de niños y niñas colombianas; trató de tapar el sol con una mano, pero no pudo, porque la verdad es tan dolorosa que se cae de su propio peso.
Nadie puede pretender ocultar esa verdad ni tampoco tener paciencia eterna para esa verdad, porque no se está hablando de asuntos que requieren sofisticación en las investigaciones, porque ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano. Igualmente los colombianos están a la espera de que se conozca toda la verdad sobre las operaciones de narcotráfico que por décadas alimentaron a estas estructuras criminales; hay que conocer las rutas, los mecanismos de lavado de activos, las transferencias y los suministros de insumos y de precursores químicos para el procesamiento de la droga, para desmantelar esas organizaciones criminales que se lucran de ese negocio ilícito.
El país debe saber la verdad sobre lo que pasó con las personas que por años fueron secuestradas y cuyo paradero se desconoce porque no se ha dado la información respectiva; muchas de esas personas seguramente y tristemente, están en fosas comunes, pero se necesita conocer la verdad y que se haga justicia.
La construcción de una paz duradera en una sociedad implica que la justicia reine y para la reparación de las víctimas de las Farc, para que el proceso continúe, se requiere que los victimarios aporten todos los bienes con total transparencia y con un tiempo definido; las Farc tienen hasta hoy para entregar los bienes destinados a reparar a las víctimas del conflicto armado, según el plazo otorgado por el Gobierno colombiano; en su momento las Farc fueron las que informaron al Estado que entregarían bienes por un billón de pesos.
