La Covid-19 no ha evitado que un virus persistente siga recorriendo Latinoamérica: la corrupción. Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, son algunos casos vinculados a la emergencia sanitaria que muestran la buena salud de unas prácticas ilegales que todavía no han encontrado una vacuna efectiva.
Países de Latinoamérica han sufrido en los últimos cuatro meses unos escándalos relacionados con corruptelas y el coronavirus, que han alarmado a Gobiernos, autoridades internacionales y ciudadanos encerrados en cuarentena; tanto es así que esta misma semana, Naciones Unidas ha creado un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos en América Latina para evitar irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos durante la pandemia.
La corrupción no solo viene por la falta de oportunidades, o de que las leyes no están bien hechas y permitan espacio para la corrupción. Todo esto se puede y se debe mejorar. El tema cultural es más complicado y es una mala práctica en una región que se presenta casi ya como el epicentro de la pandemia.
El mayor caso de corrupción de Bolivia en estos siete meses en el poder de la presidenta interina Jeanine Áñez tiene todos los síntomas del coronavirus. El ministro transitorio de Salud Marcelo Navajas se encuentra en prisión preventiva por una supuesta trama para la compra en España con un sobreprecio de unos dos millones de dólares de respiradores para pacientes críticos de Covid-19. La compra de los respiradores se produjo después de que fueran autorizadas adquisiciones de urgencia sin trámites habituales para reforzar el sistema sanitario con el fin de combatir el coronavirus.
Ahora que los gobiernos están abriendo extraordinariamente el gasto público, están los riesgos de que grupos con acceso privilegiado obtengan beneficios en perjuicio del pueblo en general.
Brasil, el segundo país del mundo con más contagios, más de un millón, y muertes, 48.945, por Covid-19, tampoco escapa de la pandemia de la corrupción. Las irregularidades en la gestión de los fondos públicos para combatir el coronavirus se han agravado, lo que ha llevado al arresto de decenas de personas en todo el país. La corrupción durante la pandemia ha puesto en el punto de mira de la Justicia a algunos de los gobernadores del país, como el del amazónico Pará, Hélder Barbalho, y el de Río de Janeiro. Wilson Witzel, cuya residencia oficial fue allanada por la Policía en mayo.
Otro país. Ecuador, la Fiscalía ecuatoriana investiga 63 casos de corrupción y ha ejecutado allanamientos en 27 ciudades durante las investigaciones, en su mayor caso, por presunto delito de sobreprecio. Los casos, todos ellos bajo investigación y procedimiento fiscal, han salpicado al Instituto de la Seguridad Social y a políticos.
Colombia, después de varios casos de desvío de fondos, se ha organizado un inédito frente común entre Contraloría, Fiscalía y Procuraduría para proteger los recursos destinados a atender los efectos de la pandemia. En el lado amable, también hay que apuntar que la Sociedad de Activos Especiales, Sae, de Colombia ha permitido que bienes decomisados al narcotráfico se utilicen provisionalmente para la lucha contra el coronavirus, gracias a la figura jurídica llamada extinción de dominio, que aplica a bienes presuntamente adquiridos de forma ilegal.
Sin distinción por color político, el virus atraviesa las venas de los Gobiernos y las Administraciones. En Perú, que es el sexto país en el mundo con mayor número de enfermos, 247.925 contagios, los casos de corrupción han sido moneda corriente desde que estalló la crisis a principios de marzo. En el inicio de junio, la Fiscalía anticorrupción tenía identificados 653 presuntos actos ilícitos por parte de las autoridades públicas cometidos durante la pandemia. El caso más significativo ha sido el escándalo de compra de materiales en el seno de la Policía Nacional, que le costó el cargo al ministro del Interior y a todo el alto mando del cuerpo de seguridad. Según la investigación, varios oficiales del cuerpo habían adquirido materiales de protección defectuosos para los agentes que operaban en las calles controlando la aplicación del confinamiento.
Este doble perfil de vendedor y comprador interesado, con políticos e intermediarios buscando fondos extras de la Covid-19 se ha dado en todo el continente. Así parece suceder en Guatemala, por ejemplo, donde el viceministro de Salud Rodolfo Galdámez, destituido el 20 de abril, está siendo investigado al haber sido funcionario y proveedor del Estado al mismo tiempo.
Lo más difícil son las prácticas culturales; la corrupción está instalada en todos las partes; hay clientelismo y la coima o soborno, es lo más difícil de erradicar.
