Desde hace una semana se viene advirtiendo del accionar de los grupos ilegales alzados en armas que han aprovechado las condiciones de aislamiento en Colombia por el coronavirus para fortalecer su “legitimidad social”, aumentar su control territorial y emprender acciones que les confieran ventaja militar.
Esta vez la denuncia fue de la Defensoría del Pueblo, organismo que emitió una alerta temprana según la cual estos grupos ponen en riesgo a la población civil al decretar normas de conducta a partir de la regulación a establecimientos comerciales y de ocio, y del control de precios sobre víveres y materiales de sanidad. Además, bloquean las vías terrestres y fluviales de algunos lugares, y restringen la llegada de alimentos y suministros médicos.
Durante la cuarentena que comenzó el 25 de marzo se ha documentado homicidios en varios departamentos de Colombia afectados por la violencia, quienes se han tomado la autoridad de cometerlos porque las víctimas, supuestamente, habían violado las medidas impuestas bajo amenazas, y dos de ellos fueron producto de un ataque a una misión médica, que es más criticable aún.
Desde que el país comenzó la cuarentena obligatoria los grupos ilegales han cometido intentos de homicidio, incineraciones de vehículos como castigo a las restricciones de movilidad, retenciones arbitrarias, amenazas y desplazamiento forzado por desacato a sus normas. La Defensoría ha encontrado además casos de estigmatización a presuntos portadores del coronavirus, desplazamiento forzado de población inmigrante proveniente de Venezuela y casos de racismo contra la población indígena. Entre enero de 2019 y el 27 de abril de este año la Defensoría emitió más de 70 alertas tempranas, concentradas especialmente en departamentos como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca.
Esta alerta debe ser impulsada con las medidas necesarias y efectivas de prevención y protección urgente de la población en territorios donde los grupos ilegales han perpetrado hechos violentos durante la contingencia de la pandemia, y debe estar dirigida al Ministerio de Gobierno para que tome las acciones necesarias.
En el caso de las Farc, se ha constatado un fortalecimiento en la Orinoquia y la Amazonia colombiana, así como en el Pacífico y el norte del país, donde imponen normas y sanciones a las comunidades campesinas y étnicas que habitan dichos territorios. Esos grupos también operan en zonas rurales donde utilizan artefactos explosivos, sostienen enfrentamientos con otros grupos ilegales, reclutan menores de edad e instalan minas antipersona.
Por su parte el Ejército de Liberación Nacional, Eln, que decretó un cese el fuego durante el mes de abril, se conoció que continúa afianzando sus operaciones de expansión a territorios otrora ocupados por las Farc y de consolidación y domino en aquellas zonas donde ha conseguido imponer su dominio. El Eln se ha fortalecido particularmente en el noreste del país y en la Orinoquia, sirviéndose de las dinámicas de frontera porosa con Venezuela, donde existen brechas de presencia institucional por parte de los gobiernos de ambos países. Estas operaciones se han visto reflejadas en reclutamientos de menores, principalmente de comunidades indígenas y afrocolombianas, instalación de minas antipersona, atentados con explosivos contra la infraestructura energética, homicidios, amenazas, desplazamientos masivos y confinamientos, entre otros.
Por otro lado siguen las acciones violentas como amenazas, homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, control de rentas ilegales provenientes del control de los eslabones del narcotráfico, los préstamos “gota a gota”, la minería ilegal, contrabando, la trata de personas y la prostitución forzada, que también hacen parte de la cadena de violencia y terrorismo de estos grupos ilegales y bandas como los ‘’Rastrojos’ continúan obstaculizando los procesos de reclamación de tierras y reparación de víctimas, así como los reclamos y reivindicaciones de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Estos grupos alzados en armas siguen usando la violencia de las armas, los ataques contra los líderes sociales, como protagonistas del día, a pesar de la cuarentena por el coronavirus, irrespetando a los colombianos y no permitiendo la acción de las misiones médicas que trabajan en la prevención del contagio de la Covid-19.
