Llegó la hora

Editorial
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Lo que muchos estaban esperando llego por fin; el gobierno de los Estados Unidos de anunció cargos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua guerrilla de las Farc por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

Desde su elección como presidente, Maduro ha gobernado Venezuela por decreto durante la mayor parte del tiempo desde el 19 de noviembre de 2013, hasta el 2017. Durante el mandato de Maduro, así como durante el último período del de Chávez, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y política, con un aumento de la delincuencia, la inflación, la pobreza y el hambre.

La escasez en Venezuela y la disminución de la calidad de vida se tradujo en la aparición de protestas en todo el país a partir de abril de 2014, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro, pérdida de popularidad que se vio consolidada con la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, y el inicio de un proceso para revocar el mandato de Maduro a través de referéndum, aunque Maduro todavía concentra el poder político a través de otros órganos en manos del oficialismo, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral, así como las Fuerzas Armadas.

Maduro, al igual que Chávez, ha sido señalado como autoritario; numerosos medios opositores a su gobierno en el plano internacional, así como figuras opositoras nacionales, habitualmente se refieren a él como un dictador, sobre todo después de la suspensión del movimiento para revocar su mandato a finales de 2016, y una posterior crisis institucional el 29 de marzo de 2017, en la que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, siendo esta medida considerada por la propia Asamblea y la Fiscalía General como una “ruptura del hilo constitucional” o incluso un autogolpe de estado, si bien posteriormente el Tribunal revisó su sentencia y corrigió algunos aspectos controvertidos ante el repudio internacional.

Y fue muy contundente la fiscal general del distrito sur de Florida, Ariana Fajardo Orsha, al advertir al presiente Maduro que: ‘tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando’.

Los fiscales de Florida y Nueva York, donde se presentaron los cargos, aseguran que durante los últimos 20 años, desde que el difunto presidente Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano ha estado conspirando con las Farc para ingresar en territorio estadounidense toneladas de cocaína. El fiscal general de Estados Unidos, William Bar, aseguró que desde 1999 Maduro y otros altos cargos del chavismo, como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Anc,, forman parte del “Cártel de los Soles”, cuyo nombre se refiere a las insignias que llevan en los uniformes los militares venezolanos de alto rango.

En la acusación Maduro, como líder del Cártel de los Soles, y los otros funcionarios venezolanos han trabajado con los disidentes de las Farc para hacer llegar a Estados Unidos. a través del Caribe y varios países de Centroamérica, incluido Honduras, unas 250 toneladas de cocaína por año y sin duda este anuncio busca erradicar la extensa corrupción dentro del Gobierno venezolano.

Se trata de la segunda vez en la historia de Estados Unidos que se presentan cargos contra un jefe de Estado después de que, en 1989, fiscales de Miami acusaran de narcotráfico al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que fue detenido durante la invasión estadounidense, enjuiciado y encarcelado en Florida. Para llevar a los acusados ante la Justicia, Estados Unidos se ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto de Maduro, 10 millones por Cabello y otros 10 millones por cualquier pista que lleve a la detención de una de estas tres figuras: el vicepresidente económico Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones y en total se presentaron cargos contra 15 funcionarios y ex funcionarios venezolanos.

Los acusados son los cinco mencionados anteriormente (Maduro, Cabello, El Aissami, Carbajal y Alcalá Cordones), así como el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino; el titular de Interior, Néstor Reverol; el juez Maikel Moreno del Tribunal Supremo; y el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

También fueron inculpados el exministro de Energía Luis Motta; un antiguo militar de la Fuera Aérea, Oscar Rafael Colmenarez Villalobos; el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez; el antiguo subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas, y actual agregado militar en Alemania, Edylberto Jose Molina; así como Rafael Antonio Villasana Fernández y Vassyly Kotosky Villarroel, ambos ex miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.


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