Los delitos informáticos se han convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad de los estados y uno de los principales riesgos operaciones que afrontan las empresas, especialmente el sector financiero.
En estudios se apunta a un aumento del 67 % de los ciberdelitos cometidos en España en la segunda mitad del año 2019; la cifra queda en 110.613 en las denuncias por este tipo de delitos durante el año 2018, es decir 303 casos diarios o, lo que es igual, doce cada hora.
En cuanto a la situación internacional, empresas mundiales de asesoramiento en materia de seguridad cibernética, coincide con el Informe de la Bolsa de Suiza en señalar a los delitos cibernéticos como la mayor amenaza para las empresas en todo el mundo y uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad; los delitos informáticos costarán a la comunidad internacional a partir del año 2021 seis billones de dólares anuales, cantidad que duplica los tres billones de dólares que se habían estimado en 2015.
Esto representa la mayor transferencia de riqueza económica en la historia humana. A la vez pone en riesgo los incentivos para la innovación y la inversión, tan necesarios para el crecimiento económico global.
Las principales amenazas a la seguridad informática provienen de individuos o grupos que realizan estos ataques para enriquecerse. A ellos se suman los promovidos por entidades respaldadas por gobiernos, que con estos operaciones pretenden ganar ventajas competitivas de tipo económico o estratégico.
Esta última modalidad resulta especialmente peligrosa por las implicaciones que tiene para la seguridad de los distintos países; una situación que podría desembocar en una nueva “guerra fría” con los algoritmos como arma de combate.
Con el peligro añadido de que la asimetría que supone el armamento cibernético, mucho más asequible que el tradicional, hace posible que caiga en manos de países pequeños o de grupos criminales organizados, con el consiguiente incremento de la inestabilidad y la tensión mundial.
Amenazas que se manifiestan en el uso de “noticias falsas”, fake news, herramienta de desinformación con la que se busca manipular a la opinión pública. O la amenaza que suponen los ataques a infraestructuras estratégicas, como pueden ser el suministro de agua y eléctricidad o las comunicaciones.
Razones suficientes que hacen que garantizar la seguridad en el ciberespacio se haya convertido en un objetivo prioritario en la agenda de la mayoría de los Gobiernos, especialmente en lo relativo a los riesgos para la seguridad nacional de los estados.
En España esta responsabilidad recae sobre la Estrategia de Seguridad Nacional. Su objetivo es garantizar el uso seguro de los sistemas de información y telecomunicaciones. Un trabajo que realiza a partir del fortalecimiento de las capacidades de prevención, defensa, detección y respuesta a los ciberataques.
Para lograr su objetivo incide en dos líneas de actuación. La primera va dirigida a la administración pública y su obligación de garantizar la seguridad de las redes informáticas con la implantación y desarrollo de los sistemas necesarios. La segunda se dirige a concienciar a ciudadanos, profesionales y empresas sobre la necesidad de colaborar y coincidir en objetivos con las autoridades encargadas de la seguridad.
Pero las buenas intenciones no son suficientes para hacer frente a un negocio que supera al del narcotráfico y con implicaciones en la seguridad nacional. Beneficios que llevan a los grupos organizados, apoyados o no por intereses políticos, a renovar constantemente las herramientas con las que saltan las barreras de seguridad levantadas por gobiernos o empresas.
A su vez esta dinámica obliga a estados, gobiernos y empresas a tomarse muy en serio el peligro que suponen y a dotar con medios económicos suficientes los planes de contingencia ante una amenaza potencialmente devastadora.