Lo complicado de ingresar a la “U” en Chile

Editorial
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La rebelión en las recientes semanas de los estudiantes chilenos contra la prueba de acceso a las universidades públicas y privadas intensificó la crítica al modelo educativo del país, una de las bases del estallido social.

Mediante el boicot, la filtración de exámenes y la ocupación de algunos de los centros en los que se llevó a cabo los pasados lunes y martes la llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU), la movilización estudiantil provocó que la instancia fuera parcialmente suspendida, volviendo a poner el foco de las protestas en la educación.
El llamado a la revuelta contra la PSU partió de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), que considera que esta prueba segrega a los estudiantes en función del poder adquisitivo de sus familias y perpetúa un modelo educativo que califica como mercantilizado.
Los responsables de dicha prueba explicaron que en todas las PSU de los años anteriores los resultados obtenidos por los estudiantes estuvieron directamente relacionados con su posición social.
De esta manera, la PSU estaría favoreciendo que solo ingresen a la universidad los estudiantes de un nivel socioeconómico alto cuyas familias pueden pagar escuelas secundarias privadas de calidad o que viven en barrios acomodados o pudientes donde las escuelas públicas tienen más recursos y pueden formar mejor a los jóvenes.
Por ello, la movilización de los estudiantes de secundaria no es solo por un cambio en la PSU en sí, sino contra el sistema educativo del país.
Hay que ir a mejorar la calidad de la educación pública de tal manera que las escuelas sean ese espacio en el que las diferencias sociales comienzan a disminuir.
Expertos señalan que se debe acometer un cambio radical en el modelo educativo creando un nuevo sistema con participación de profesores y estudiantes y avanzar hacia un sistema de acceso a la universidad que permita que todo aquel estudiante de secundaria que quiera entrar a la educación superior pueda hacerlo.
La PSU comenzó a realizarse en 2003 y consta de cuatro exámenes que se hacen en dos jornadas: Lenguaje y Comunicación; Matemáticas; Ciencias; e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), que agrupa a 30 universidades estatales y públicas no estatales del país, es el órgano responsable de organizar la prueba, cuya ejecución encarga a la Universidad de Chile.
El boicot de esta edición acabó con la suspensión de la PSU en 86 de los 729 locales en los que se aplicó el pasado lunes y con la suspensión al día siguiente a nivel nacional de la prueba de Historia debido a la filtración de parte del examen.
Estas situaciones afectaron a 44.226 personas que no pudieron rendir la PSU de Lenguaje y Comunicación (15 % de los inscritos para la evaluación); 37.396 en Ciencias (20 % de los inscritos) y 86.571 en Matemática (29 % del total), según el Cruch.
En tanto, más de 202.000 postulantes se habían inscrito para rendir Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que no se llevará a cabo este año por razones de “inviabilidad técnica, logística, territorial y de seguridad pública”, divulgó el Consejo de Rectores.
El Cruch sí reagendó para los próximos 27 y 28 de enero las pruebas de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias para quienes no pudieron hacerlo esta semana por el boicot.
Sin embargo, la Aces está decidida a seguir movilizándose para impedir que tenga lugar la prueba.
La PSU estaba agendada en un primer momento para los días 18 y 19 de noviembre del año pasado, pero se pospuso hasta en dos ocasiones dado el contexto social del país, inmerso desde el 18 de octubre de 2019 en un fenómeno de movilizaciones sociales contra la desigualdad.


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