Colombia también participa

Editorial
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El presidente colombiano, Iván Duque, anunció que firmará esta semana el Acuerdo de Escazú, con el que se busca mejorar los derechos humanos y la protección ambiental en América Latina y el Caribe.

El llamado Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Es el primer tratado regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; los estados de América Latina y el Caribe adoptaron el Acuerdo, el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de la región.

El proceso que comenzó en el 2012, finalmente terminó con un instrumento vinculante que además es el primer tratado donde se incluye una protección expresa a los defensores de derechos humanos ambientales. El tratado se propone como un instrumento que materializará el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 fortaleciendo la democracia ambiental, y los tres derechos que la componen: información, participación y justicia en asuntos ambientales.

El carácter vinculante del acuerdo demuestra la voluntad de los Estados para adoptar dentro de sus legislaciones estándares más altos que velarán por la consolidación de la democracia y el desarrollo sostenible participativo.

El acuerdo es un gran paso para Colombia, ya que es un país caracterizado por su gran biodiversidad y riqueza ambiental pero también reconocido por su alta tasa de conflictos socioambientales y de asesinatos de defensores ambientales; este instrumento visibiliza la lucha ambiental que miles de defensores dan todos los días en nuestro país y nuestra región.

A pesar de que al acuerdo no cumplió todas las expectativas, ya que por ejemplo el régimen de acceso a la información ambiental contiene puntos regresivos y varias disposiciones quedaron redactadas, el acuerdo es un paso fundamental para la región, y el compromiso que adquirieron los gobiernos en la negociación debe ser ahora honrado con una pronta firma y ratificación.

La firma de ese convenio le permitirá a Colombia dar un paso cualitativo, importante, en el acceso a la información y a la protección del medio ambiente; para que entre en vigor se necesita que el acuerdo sea firmado y ratificado por al menos 11 países y hasta el momento lo han firmado 17: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay, pero solo Guyana lo ha ratificado.

En septiembre pasado, organizaciones sociales y de la academia, agrupadas en “la alianza por el Acuerdo de Escazú” pidieron al Gobierno que firmara el convenio “ante la crisis climática y los conflictos socioambientales; así mismo Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente, pues durante el año pasado fueron asesinados 24 líderes, muchos de los cuales, según las autoridades, han sido por retaliaciones de la guerrilla de las Farc, y por dominio de territorios exportadores de cocaína y marihuana, todos bajo el control de los subversivos y de los alzados en armas.

La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú puede ayudar a fortalecer, construir y consolidar la paz en todo el territorio colombiano; la democracia ambiental es esencial en la construcción de un país más equitativo donde quienes defienden el ambiente podrán ejercer su labor con garantías institucionales.

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