Esta es una situación que EL INFORMADOR ha venido denunciado en forma reiterada ya que las autoridades locales encargadas de este tema poca atención prestan por aquello de la excusa que no pueden dar declaraciones, ya que estas deben venir desde Bogotá.
Y, mientras desde la capital de la república voltean a mirar a Santa Marta, la situación es cada vez peor; además de los niños y niñas venezolanos que piden y son explotados por los adultos de esa misma nacionalidad, ahora hay que sumarle la aparición de grupos indígenas, que ya tienen el mismo accionar de los venezolanos. Que lamentable.
Cada día es más frecuente ver Junto a un semáforo de cualquier avenida de la ciudad, en los centros comerciales, las playas y a las afueras de los restaurantes, sin importar la hora ni el clima, niños y adolescentes siendo utilizados para mendicidad, en su mayoría migrantes venezolanos expuestos a cualquier tipo de peligros por unos cuantos pesos
En Santa Marta los menores utilizados para trabajos lucrativos van en aumento. En cada rincón concurrido de la ciudad se observan menores pidiendo monedas, comida, vendiendo dulces y realizando cualquier tipo de actividad que les genere un ingreso, convirtiéndose ellos en los generadores de recursos para sus familias y sin ninguna garantía.
A medida que pasan las semanas el fenómeno de niños utilizados para mendicidad va en aumento. Las avenidas del Libertador, Ferrocarril, del Río, Santa Rita y Campo Serrano, es donde más se aglomeran las madres del vecino país con sus pequeños que no superan los 7 años de edad. Al parecer las mujeres han encontrado en la mendicidad un negocio rentable, pues se reúnen de a tres madres con tres pequeños cada una a sacar con lo que recogen para su subsistencia.
Este fenómeno lleva alrededor de un año en aumento, y las autoridades competentes no han implementado acciones contundentes para su control, por el contrario, inician una lucha de responsabilidades lanzándose la pelotica entre Migración Colombia y el Icbf definiendo de quién es competencia y de quién deben ser las acciones.
Mientras el gobierno nacional denuncio que más de un millón de niños y adolescentes trabajaron el año pasado, una cifra que, aunque menor que la de 2017, mantiene encendidas las alarmas en el país; sin embargo, se destaca la disminución de la tasa de trabajo infantil de 7,3 % en 2017 a 5,9 % a finales de 2018, lo que significa que en Colombia hay 1.119.000 niños trabajadores que no están desarrollando actividades propias de su edad y vitales para su desarrollo. Las regiones que fueron identificados con menores trabajadores fueron Bogotá, con 1.633; Norte Santander con 471; Atlántico con 373; Sucre, con 278 y Antioquia con 250.
Frente a estas cifras hay que aunar esfuerzos con el propósito de erradicar ese flagelo y lograr la meta mundial para 2030 de tener cero trabajo infantil. No se trata de que los niños no puedan aprender las labores de sus padres o que no haya transmisión de conocimientos, se trata de que a los niños hay que garantizarles que puedan ir a estudiar y a recrearse, y eso se puede lograr con la ayuda de la sociedad en general.
Esa visión llena de ilusión y esperanza, porque es ver cómo se materializan en acciones concretas en estas ideas, propósitos y anhelos que se tienen de trabajar de manera absolutamente coordinada desde el Estado, con la sociedad civil, teniendo presente la cooperación internacional y logrando coordinar a varios actores con un objetivo común que es la niñez.
A propósito de la situación, llama la atención una cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, según la cual seis de cada 100 menores de 17 años trabajan en Colombia, lo que equivale a 644.000 casos. Para cambiar el panorama actual el primer paso es entender que los espacios de los niños no son las calles, las minas o los cultivos, sino los colegios, los parques y sus hogares, y lo segundo es comprender que cuando se acepta que un niño trabaje, se expone a riesgos para su salud y le pone barreras para avanzar en la vida.
La Organización Internacional del Trabajo asegura que alrededor de 22.000 niños mueren cada año en centros de trabajo alrededor del mundo, principalmente por las largas jornadas laborales, la mala alimentación, el contacto con sustancias peligrosas y las situaciones riesgosas.
Esta es una situación que EL INFORMADOR ha venido denunciado en forma reiterada ya que las autoridades locales encargadas de este tema poca atención prestan por aquello de la excusa que no pueden dar declaraciones, ya que estas deben venir desde Bogotá. Y, mientras desde la capital de la república voltean a mirar a Santa Marta, la situación es cada vez peor; además de los niños y niñas venezolanos que piden y son explotados por los adultos de esa misma nacionalidad, ahora hay que sumarle la aparición de grupo indígenas, que ya tienen el mismo accionar de los venezolanos. Que lamentable.Cada día es más frecuente ver Junto a un semáforo de cualquier avenida de la ciudad, en los centros comerciales, las playas y a las afueras de los restaurantes, sin importar la hora ni el clima, niños y adolescentes siendo utilizados para mendicidad, en su mayoría migrantes venezolanos expuestos a cualquier tipo de peligros por unos cuantos pesos En Santa Marta los menores utilizados para trabajos lucrativos van en aumento. En cada rincón concurrido de la ciudad se observan menores pidiendo monedas, comida, vendiendo dulces y realizando cualquier tipo de actividad que les genere un ingreso, convirtiéndose ellos en los generadores de recursos para sus familias y sin ninguna garantía.A medida que pasan las semanas el fenómeno de niños utilizados para mendicidad va en aumento. Las avenidas del Libertador, Ferrocarril, del Río, Santa Rita y Campo Serrano, es donde más se aglomeran las madres del vecino país con sus pequeños que no superan los 7 años de edad. Al parecer las mujeres han encontrado en la mendicidad un negocio rentable, pues se reúnen de a tres madres con tres pequeños cada una a sacar con lo que recogen para su subsistencia.Este fenómeno lleva alrededor de un año en aumento, y las autoridades competentes no han implementado acciones contundentes para su control, por el contrario, inician una lucha de responsabilidades lanzándose la pelotica entre Migración Colombia y el Icbf definiendo de quién es competencia y de quién deben ser las acciones.Mientras el gobierno nacional denuncio que más de un millón de niños y adolescentes trabajaron el año pasado, una cifra que, aunque menor que la de 2017, mantiene encendidas las alarmas en el país; sin embargo, se destaca la disminución de la tasa de trabajo infantil de 7,3 % en 2017 a 5,9 % a finales de 2018, lo que significa que en Colombia hay 1.119.000 niños trabajadores que no están desarrollando actividades propias de su edad y vitales para su desarrollo. Las regiones que fueron identificados con menores trabajadores fueron Bogotá, con 1.633; Norte Santander con 471; Atlántico con 373; Sucre, con 278 y Antioquia con 250.Frente a estas cifras hay que aunar esfuerzos con el propósito de erradicar ese flagelo y lograr la meta mundial para 2030 de tener cero trabajo infantil. No se trata de que los niños no puedan aprender las labores de sus padres o que no haya transmisión de conocimientos, se trata de que a los niños hay que garantizarles que puedan ir a estudiar y a recrearse, y eso se puede lograr con la ayuda de la sociedad en general.Esa visión llena de ilusión y esperanza, porque es ver cómo se materializan en acciones concretas en estas ideas, propósitos y anhelos que se tienen de trabajar de manera absolutamente coordinada desde el Estado, con la sociedad civil, teniendo presente la cooperación internacional y logrando coordinar a varios actores con un objetivo común que es la niñez.A propósito de la situación, llama la atención una cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, según la cual seis de cada 100 menores de 17 años trabajan en Colombia, lo que equivale a 644.000 casos. Para cambiar el panorama actual el primer paso es entender que los espacios de los niños no son las calles, las minas o los cultivos, sino los colegios, los parques y sus hogares, y lo segundo es comprender que cuando se acepta que un niño trabaje, se expone a riesgos para su salud y le pone barreras para avanzar en la vida.La Organización Internacional del Trabajo asegura que alrededor de 22.000 niños mueren cada año en centros de trabajo alrededor del mundo, principalmente por las largas jornadas laborales, la mala alimentación, el contacto con sustancias peligrosas y las situaciones riesgosas.