El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, empeñado en aplicar una “cirugía mayor” a la corrupción, ha presentado al Legislativo un proyecto de ley con el que quiere ganar la batalla de la decencia contra el rob”, aunque algunos juristas lo consideran un mero remedio ante una enfermedad endémica.
La secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, entregó a la Asamblea, Parlamento, el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante que, entre otras cosas, facilita la incautación de bienes a acusados de corrupción y la recuperación del dinero envuelto en este tipo de casos.
También agiliza el llamado recurso de repetición, que endosa los pasivos de la corrupción a los funcionarios públicos envueltos en el mal manejo del dinero público. Asimismo, ofrece recompensas y protección a delatores que brinden información cierta y comprobable sobre el destino del dinero producto de la corrupción.
El proyecto legal del Ejecutivo se presentó inmediatamente después de que el Parlamento remitiera al presidente Moreno otra ley Anticorrupción aprobada casi por consenso en el Legislativo, y que, curiosamente, fue vetada totalmente por el Ejecutivo. El legislador socialcristiano Luis Fernando Torres dijo que le resulta inexplicable que Moreno haya vetado totalmente la Ley Anticorrupción de la Asamblea que, según él, tenía normas interesantes. El veto total al proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción es una bofetada a la Asamblea Nacional”, afirman agunos opositores. Torres en redes sociales y negó que esa normativa haya tenido la intención de favorecer a exfuncionarios acusados de corrupción como el caso del ex vicepresidente Jorge Glas.
La polémica surge porque en el país, generalmente, se legisla sobre la base de la coyuntura existente en ese momento. Por eso, la ley del Parlamento y la que ahora presenta el Gobierno responden a los graves cuestionamientos que, por presuntos hechos de corrupción, se han vertido sobre el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La pregunta que se debería hacer el país, es si el ordenamiento vigente, es o no suficiente para combatir la corrupción, ya que en Ecuador hay demasiadas leyes para combatir la corrupción.
Además, el proyecto legal del Ejecutivo debería ser sometido en el Legislativo a un control de constitucionalidad y también de convencionalidad, para impedir que riña con el derecho internacional, sobre todo con los principios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la presunción de inocencia o normativas sobre detenciones ilegales, entre otras. Las personas que se vean afectadas por la normativa del Ejecutivo, podrían activar en el futuro demandas contra el Estado en organismos internacionales por eventuales violaciones a sus derechos y al debido proceso.
En ese sentido, podría resultar peor el remedio que la enfermedad, en un país donde la corrupción es una enfermedad endémica que, por la cantidad de casos descubiertos, se remonta a mucho antes del Gobierno de Correa y que, por tanto, requeriría de una cirugía profunda en otros órdenes.
El apresuramiento en encarcelar, a alguien salpicado por hechos de corrupción, satisface el odio político, coyuntural, pero sacrifica el profesionalismo que deben tener los jueces y fiscales, justamente para no dejar en la impunidad este tipo de casos.