Entre los judicializados están dos empleadas de un hotel en Medellín, que fue ocupado con fines de extinción de dominio.
El trabajo investigativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional, puso en evidencia a una red de tráfico de migrantes que, al parecer, cobraba cerca de 300 dólares a cada extranjero que ingresaba ilegalmente al país por Ipiales, Nariño.
Por este valor, la estructura, supuestamente, les brindaba manutención, hospedaje en un hotel de Medellín, Antioquia y transporte terrestre hasta Capurganá, Chocó, donde los migrantes eran recogidos en lanchas y trasladados a Panamá para que siguieran su camino a Estados Unidos.
11 presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados, entre ellos los señalados articuladores principales. Se trata de Adrián Ricardo Rojo Correa y Sebastián Carmona Mejía, quienes serían los encargados de la logística, traslados, alimentación y estadía de las personas que los contactaban.
De igual manera, fueron capturadas Leidy Nataly Estrada Cifuentes y Jennifer Aurora Suaza Escudero, las compañeras sentimentales de estos dos hombres. El material de prueba da cuenta de que estarían involucradas en el cobro de los giros internacionales, los cuales, en el último año, habría ascendido a 254 millones de pesos y 46.000 dólares. Estos dineros corresponderían a pagos hechos por ciudadanos de Haití, Senegal, Cuba, Paraguay y Uruguay, entre otros países, que buscaban los servicios ilícitos de la red.
Dos mujeres más, Gloria Milena Álvarez Quinchía y Viviana María Mesa Serna, también fueron capturadas. Son la administradora y supervisora, respectivamente, del hotel de Medellín donde, al aparecer, eran alojados los migrantes. Los otros presuntos integrantes de la estructura ilegal cumplirían actividades logísticas y de transporte.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado. Todos los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, los supuestos articuladores en centro carcelario y los demás en el lugar de residencia.