El coronel retirado, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Por orden de un juez, el teniente coronel retirado, Jorge Armando Pérez Amézquita, y otros tres militares acusados del asesinato del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres Arévalo, ocurrido en 2019 en el Catatumbo, fueron enviados a prisión gracias a la investigación adelantada por la Fiscalía.
El ente acusador, que pidió la prisión preventiva mientras avanza la investigación, imputó la semana pasada a Pérez Amézquita los cargos de "homicidio en persona protegida como determinador del crimen", mientras que los otros tres militares, Jhorman Alexander Buriticá, Cristian Cacilimas Pulido y William Alarcón Castrillón, fueron acusados de cómplices.
Tras escuchar las intervenciones de todas las partes, el juez 17 de control de garantías de Bogotá concluyó que lo más conveniente era imponer la medida de aseguramiento, ante la gravedad de los hechos que investiga la Fiscalía, el eminente riesgo de que los investigados escapen y la posible presión que podrían ejercer en contra de los testigos del caso. Junto con el excoronel Pérez Amézquita, tres soldados fueron enviados a la cárcel.
El asesinato de Torres, desmovilizado de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, ocurrió en abril de 2019, en la aldea de Campo Alegre, perteneciente al municipio de Convención de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
En un comienzo, la muerte fue presentada por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, como consecuencia de un forcejeo con el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez, quien fue condenado el año pasado a 20 años de prisión por el asesinato del desmovilizado.
Según la Fiscalía, el asesinato de Torres fue un plan urdido por el comandante Pérez Amézquita, que en ese entonces era comandante del batallón de Operaciones Terrestres No. 11, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano que opera en el Catatumbo.
Según un chat al que tuvo acceso la Fiscalía, el oficial ordenó matar al exguerrillero que se dedicaba a la agricultura y a quien consideraba supuesto responsable de la muerte días antes de un soldado de su unidad militar que cayó en un campo minado.
Actualmente el cabo Gómez está preso en una cárcel para militares en Bogotá, mientras que Pérez Amézquita fue retirado de la institución y el subteniente Jhon Javier Blanco Barrios, quien se desempeñaba como comandante de pelotón, pidió su retiro en mayo pasado.
También fue retirado del servicio el soldado Jorman Alexander Buriticá, quien ayudó a cavar una fosa en la que los militares pretendían enterrar el cadáver del exguerrillero para desaparecerlo.
Un informe de la Misión de Verificación de la ONU denunció que el 2019 fue "el año más violento" para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de Colombia.
"Juez acogió petición de la Fiscalía y dictó medida aseguramiento intramural (prisión preventiva) contra cr (r) Jorge Armando Pérez A., y otros 3 militares retirados por la presunta responsabilidad en el crimen del excombatiente de las Farc Dimar Torres. La Fiscalía les imputó homicidio en persona protegida", señaló el organismo en redes sociales. EFE
