La medida tomada por la Fiscalía implica a dos abogados y a un gobernador indígena.
La Fiscalía compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura de Cauca para que investigue disciplinariamente a los abogados Gustavo Enrique Gallardo Morales y José Alejandro León Aristizábal, representantes de la fundación ‘Lazos de Dignidad’.
Estas dos personas supuestamente lograron que Segundo Alberto Villota Segura, presunto enlace en Colombia de los carteles mexicanos ‘Los Zetas’ y ‘Sinaloa’, fuera reconocido como integrante del entonces Frente Oriental de las desmovilizadas Farc. De esta manera, consiguieron que contra su defendido se abriera una investigación por rebelión y que paralelamente la Jurisdicción Indígena adelantara un juicio.
Adicionalmente, Villota Segura fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el propósito de que esta instancia asumiera cualquier proceso. Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz excluyó a Segundo Alberto Villota Segura del listado de presuntos integrantes de las desmovilizadas Farc. Contra esta decisión los abogados Gallardo Morales y León Aristizábal presentaron una demanda de nulidad.
Las diferentes maniobras judiciales, al parecer, estaban encaminadas a evadir la solicitud de extradición de la Corte Federal del Distrito de Texas por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
Un fiscal seccional de Cauca comunicó al Consejo Regional Indígena, CRIC, el inicio de investigación contra Andrés Antonio Almendras, gobernador del resguardo del Cabildo La Laguna Siberia en el Cauca, por presuntas actuaciones irregulares.
Inicialmente, se acreditó que el líder indígena habría reconocido como comunero a Darly Rodrigo Sánchez Cruz, un señalado narcotraficante requerido en extradición, y emitió un fallo condenatorio en su contra por concierto para delinquir, narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que comúnmente no son investigados por la Jurisdicción Especial Indígena.
Luego, Sánchez Cruz intentó impedir los trámites de extradición a Estados Unidos con el argumento de haber sido procesado en su condición de indígena, cuando en realidad no lo era.