Este paro, que amenaza con movilizar gran cantidad de ciudadanos en todo el país, llega en un momento en el que cerca del 70% de los colombianos, cree que el país va en retroceso.
Según Dario Lizarralde, uno de los impulsores de la demanda, no están claros cuales son las razones por las cuales se piensa llevar a cabo el paro, además que esta jornada traerá consigo hechos que atentan contra los derechos de la ciudadanía, al patrimonio, la seguridad y el orden público.
Dicha iniciativa, se da luego de que el próximo jueves 21 de noviembre, sindicatos, organizaciones sociales y miles de ciudadanos salgan a marchar en todo el país. La movilización, según aseguran los promotores, se da por los “constantes incumplimientos” del actual gobierno a los acuerdos suscritos con el magisterio, las organizaciones campesinas, indígenas, pensionados, estudiantes, camioneros; la "altísima" tasa de desempleo e informalidad, entre otras problemáticas sociales. Incluso, algunos sectores sociales han pedido la dimisión del primer mandatario.
Las marchas que se realizaron este año, en las que hubo algunos enfrentamientos entre Fuerza Pública y algunos manifestantes, ha generado incertidumbre de cómo transcurrirá el Paro Nacional de la próxima semana. Tanto así que el propio presidente, las altas cortes, la Fiscalía General, la Procuraduría, la Iglesia Católica y otras instituciones, pidieron la semana pasada a la ciudadanía que marchara pacíficamente. Los líderes de la marcha, por su parte, pidieron que las autoridades identificaran a los violentos "que se infiltran en las marchas".
Es en este contexto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una demanda en la que se pide que la marcha no se lleve a cabo pues "se espera que estas protestas causen graves afectaciones a los derechos e intereses colectivos como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la institucionalidad por las manifestaciones que han hecho públicamente y a través de las redes sociales los promotores del mismo (sic)".
