La Justicia Especial de Paz abrió investigación por los hechos de violencia ocurridos entre 1986 y 2016 en el Urabá Antioqueño, Bajo Atrato y Darién.
Se trata de una nueva priorización que hace la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en donde revisará todo lo sucedido en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en el departamento de Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento de Chocó.
Para tomar esta decisión la JEP, tuvo en cuenta la grave situación de derechos humanos ocurrida en esta zona y los efectos que produjo sobre las personas en los territorios. Así como, el informe que entregó la Fiscalía sobre el inventario del conflicto armado, en donde se registran al menos, 3.523 hechos victimizantes en esta región.
La JEP determinó hitos históricos importantes: como el periodo comprendido entre 1986 y 1994, cuando se consolidó la Unión Patriótica, la negociación de paz entre el Gobierno nacional y el Ejército Popular de Liberación, EPL; entre 1994 y 1997 que dice, "se caracteriza por la consolidación del poder de las Farc-EP, las masacres dirigidas contra desmovilizados del EPL y el repliegue militar de las Farc-EP hacia el sur y el occidente del Urabá", así como la consolidación de estructuras paramilitares como las AUC y el reconocimiento de las personerías jurídicas a las organizaciones conocidas como Convivir, entre otros.
"Frente a los presuntos responsables de estos hechos, a partir del análisis de información entre el primero de enero de 1986 y el primero de diciembre de 2016, se relaciona a los miembros del Bloque José María Córdoba de las Farc– EP con sus frentes 5, 34 y 57 y sus respectivas unidades móviles; así como la Brigada XVII del Ejército Nacional", dice la JEP.